El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana publicó un análisis detallado sobre los efectos del conflicto armado en el sistema educativo colombiano. A partir de datos del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Censo C600 del Ministerio de Educación y la Unidad de Víctimas, el estudio muestra cómo la violencia continúa afectando el acceso y la calidad educativa, especialmente en zonas rurales y periféricas.

Según el informe, 2024 registró el mayor número de sedes educativas en zonas con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo: 6.745 instituciones, lo que representa un aumento del 69,2 % respecto a 2023. A marzo de 2025, ya se reportaban 1.487 sedes educativas en riesgo, lo que equivale al 22 % de todas las afectadas en 2024 y al 37,3 % del total en 2023.

El análisis se enfocó en las alertas clasificadas como “inminentes”, que reflejan amenazas urgentes relacionadas con el conflicto armado y que activan protocolos de prevención por parte del Estado. Las ciudades capitales fueron excluidas del estudio para evitar distorsión en los resultados.

Docentes y estudiantes expuestos a dinámicas de violencia

El informe también alerta sobre la exposición del personal docente. En 2024, 17.618 docentes trabajaron en zonas bajo alertas tempranas, y en los primeros meses de 2025, 5.796 profesores ya se encontraban en contextos de riesgo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) identificó al magisterio como el quinto grupo con más solicitudes de protección en el país. Además, los casos atendidos por el CERREM (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas Individuales) pasaron de 233 en 2022 a 402 en 2024.

En cuanto a la población estudiantil, 653.146 alumnos estuvieron matriculados en zonas con alertas tempranas durante 2024. Entre enero y mediados de marzo de 2025, 204.435 estudiantes ya habían sido reportados en contextos similares, lo que representa el 31 % del total del año anterior.

Principales actores generadores de riesgo

El estudio identifica a los actores armados ilegales responsables de las amenazas en entornos escolares. Las disidencias de las FARC-EP figuran como principales generadores de riesgo con un 26 %, seguidas por el ELN (20 %) y Grupos Armados de Crimen Organizado (16 %). También se reportan afectaciones de las AGC, los Comandos de la Frontera y redes transnacionales. Esta diversidad de actores evidencia la complejidad del conflicto armado y su impacto directo sobre el sistema educativo.

El LEE de la Universidad Javeriana concluye que el conflicto armado continúa representando una amenaza directa al derecho a la educación, por lo que propone acciones urgentes y políticas públicas diferenciadas. Entre las recomendaciones se encuentran:

– Fortalecer la presencia institucional en los territorios afectados.
– Garantizar medidas de protección efectivas para docentes y estudiantes.
– Adaptar el currículo escolar a los contextos de conflicto mediante programas de resiliencia y educación para la paz.

El investigador Omar Garzón, del LEE, subrayó la importancia del entorno escolar como espacio de protección para la niñez: “La escuela es central para el tejido social y la protección de los niños, niñas y adolescentes.”

El informe pone en evidencia cómo las condiciones del conflicto armado en Colombia siguen condicionando el derecho a la educación, especialmente en territorios donde las dinámicas violentas persisten o se agudizan. El seguimiento y análisis de alertas tempranas se presenta como una herramienta fundamental para anticipar riesgos y coordinar respuestas que garanticen la seguridad, permanencia y calidad educativa.