La educación pública subsidiada de miles de niños en Soledad, Atlántico atraviesa una profunda crisis. Más de 6.000 estudiantes quedaron por fuera del sistema de becas financiado por la Alcaldía, en medio de una reconfiguración política que involucra a clanes tradicionales, retaliaciones entre aliados y cuestionamientos por presuntas irregularidades en el manejo de más de 83.000 millones de pesos anuales destinados al sector educativo.

En el corazón de la controversia se encuentra el enfrentamiento entre dos figuras influyentes de la política local: Eduardo Pulgar, exsenador condenado por corrupción, y Sergio Barraza, diputado del Atlántico. La Silla Vacía reveló en una investigación que la ruptura de esta alianza ha generado cambios en la Secretaría de Educación que, según padres de familia y fuentes del sector, afectaron directamente a las instituciones educativas asociadas con Barraza.

Padres de familia protestan ante recorte de becas escolares

Hace dos semanas, decenas de padres y estudiantes protestaron frente a la Alcaldía de Soledad. Vanessa Bermúdez, madre de tres niños, reclamó el cumplimiento de promesas hechas en campaña por la alcaldesa Alcira Sandoval: “Está incumpliendo todo lo que dijo”, afirmó.

El motivo de la protesta: al menos diez colegios privados, que tradicionalmente recibían subsidios para educar a niños sin cupo en colegios públicos, quedaron por fuera del programa en 2024. La Secretaría de Educación argumentó razones técnicas y falta de documentación, mientras que representantes de las instituciones afectadas denuncian motivaciones políticas.

Una disputa de poder detrás de la educación en Soledad

Soledad, el séptimo municipio más poblado del país con más de 680.000 habitantes, enfrenta un déficit crónico de infraestructura educativa. A falta de suficientes colegios públicos, la Alcaldía destina recursos a privados a través de subsidios escolares. Sin embargo, este sistema ha sido señalado por ser un foco de clientelismo político.

Eduardo Pulgar ha consolidado su influencia en la educación local, incluso desde prisión. Su entorno político —que incluye a su cuñada, la senadora Claudia Pérez, y su hija, la diputada Isabella Pulgar— ha ganado posiciones clave, entre ellas la Secretaría de Educación, ahora dirigida por Carolina Correa, cercana a su familia.

Correa reemplazó a Aída Ojeda, considerada ficha de Barraza, lo que marcó un giro en la distribución de los recursos educativos. Desde entonces, varios colegios vinculados a Barraza, como el Instituto Monsalve New Love y el Centro Educativo Integral para el Futuro, quedaron fuera del esquema de subsidios.

Educación, un negocio político de alto valor

El presupuesto anual destinado a la educación subsidiada en Soledad supera los 83.000 millones de pesos. Solo ocho colegios —varios con vínculos políticos— concentraron el 41% de esos recursos en 2024. Las becas por estudiante oscilan entre 1.550.000 y 2.160.000 pesos anuales, montos superiores a los que pagarían los padres directamente.

Fuentes que han participado en el sistema afirman que algunos rectores reparten comisiones a políticos a cambio de asegurar cupos subsidiados. Además, se han detectado prácticas como la existencia de “niños fantasmas”, sedes no reguladas y sobrepoblación estudiantil en espacios insuficientes.

Repercusiones en la comunidad educativa

La falta de subsidios ha puesto en aprietos económicos a familias como la de Jair de la Cruz, padre de tres hijos: “La alcaldesa prometió beneficios, pero ahora no da la cara. Siempre se meten con la educación de nuestros hijos”.

Algunos colegios, como el Monsalve New Love, evalúan mantener a los estudiantes mientras se resuelve la disputa jurídica. Otros, como el Guadalupe, continúan operando pese a inconsistencias en las sedes reportadas y documentación cuestionada.

Mientras tanto, rectores como Sara Porto, del colegio Monsalve, planean acciones legales al considerar que las decisiones de la Secretaría de Educación fueron arbitrarias y selectivas.

Ganadores ocultos tras el nuevo reparto

En contraste con los colegios excluidos, otras instituciones aumentaron su participación en el presupuesto público. Entre ellas, colegios vinculados con figuras políticas como Julio Cabrera y William Torres, quienes, según registros, recibieron incrementos significativos en sus contratos con la Alcaldía.

Cabrera, a través de la fundación *Prodesarrollo Caminos Hacia el Futuro*, opera dos instituciones que en 2025 recibirán más de 8.000 millones de pesos. Torres, por su parte, también ha sido beneficiario en medio del nuevo reacomodo político.