El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto legislativo 155 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional para adoptar medidas de infraestructura y dotación educativa en la región del Catatumbo, argumentando que no cumple con los requisitos para ser tramitado mediante un estado de conmoción interior.

En su concepto dirigido al alto tribunal, Eljach señaló que el decreto aborda problemas estructurales del sector educativo y no situaciones directamente relacionadas con la perturbación del orden público que motivó la declaratoria de conmoción interior.

“El material probatorio del Decreto bajo estudio no logra demostrar que la crisis de orden público se haya agravado con el aumento de la violencia registrado desde enero de 2025, pues los datos en los que se fundamenta son cifras del 2023 y años anteriores”, indicó el jefe del Ministerio Público.

El procurador argumentó que no existe conexidad material entre las causas de la crisis humanitaria en el Catatumbo y las medidas adoptadas, ya que, la escalada de violencia de los grupos armados en la zona no obedeció a la falta de oferta educativa.

“Si bien el Ministerio Público reconoce que la falta de acceso a la educación es un factor que acrecienta la vulnerabilidad del territorio históricamente afectado, considera que su abordaje no debe realizarse mediante el estado de conmoción interior”, señaló en su concepto.

Eljach también cuestionó el carácter permanente de las obras de infraestructura educativa contempladas en el decreto, indicando que no hay claridad sobre las fuentes de financiación para su mantenimiento una vez finalice el régimen de excepción.

En el mismo documento, el procurador se pronunció sobre otros tres decretos legislativos relacionados con la conmoción interior en el Catatumbo:

– Decreto 119 (sector trabajo): Solicitó que sea declarado exequible por considerar que cumple requisitos formales y sustanciales al buscar “proteger a los trabajadores y garantizar sus medios de vida frente a la crisis humanitaria”.

– Decreto 121 (agua, saneamiento y vivienda): Pidió declarar exequibles los apartados sobre subsidios para servicios básicos, pero cuestionó los artículos 4 y 5 sobre habilitación y uso del suelo por falta de justificación y ocupación de competencias asignadas a los entes territoriales.

– Decreto 117 (turismo): Solicitó una exequibilidad condicionada para incluir a los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar dentro de las medidas extraordinarias.

El concepto del procurador Eljach será analizado por la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos expedidos bajo el estado de conmoción interior declarado para atender la crisis humanitaria en la región del Catatumbo.

 

Con información de wradio