El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Hacienda pagar una deuda superior a 41.650 millones de pesos a Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Además, la sentencia contempla el pago de 5.300 millones de pesos adicionales por intereses.

Como medida cautelar, el juzgado determinó el embargo de cuentas de ambas carteras gubernamentales por un monto de 83.309 millones de pesos. Esta retención afecta recursos depositados en cuentas corrientes, de ahorros, certificados de depósito a término (CDT) y otros productos bancarios de estas entidades.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también es presidente de la junta directiva de EPM, manifestó que la decisión respalda los reclamos que ha hecho sobre la deuda del Gobierno Nacional con las empresas prestadoras del servicio de energía. Según Gutiérrez, los recursos pendientes corresponden a los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3 en el país.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario local pidió al presidente Gustavo Petro que realice el pago de la deuda. “Pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”, expresó Gutiérrez.

El alcalde también anunció que se han emprendido nuevas acciones legales contra el Gobierno Nacional por deudas pendientes con Afinia y otras filiales de EPM. Además, informó sobre demandas relacionadas con los aportes para el Metro de la 80, correspondientes a la vigencia de 2024, así como el decreto que aplaza el pago para 2025.

“Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta. Por esta razón decidimos acudir a la justicia y hoy se genera un hito alrededor de varias acciones legales que emprendimos en contra del Gobierno Nacional”, indicó Gutiérrez.

Respuesta del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la orden de embargo emitida por el juzgado. En su cuenta de X, el mandatario calificó la medida como una acción política y pidió al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tomar acciones inmediatas.

“EPM, que es una empresa pública a la cual la Nación ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. No solo el uribismo sabotea la financiación, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga”, manifestó el jefe de Estado.

La orden de embargo y la disputa por el pago de estos recursos se suman a las tensiones entre el Gobierno Nacional y las empresas prestadoras de servicios públicos, en un contexto de discusión sobre la financiación de subsidios y el modelo de gestión de los recursos para el sector energético en Colombia.