La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha solicitado a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 062 del 24 de enero de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo. Según la CEJ, la medida es incompatible con la Constitución y no cumple con los requisitos exigidos para su aplicación.

La corporación sostiene que la crisis de seguridad en el Catatumbo no es un hecho “sobreviniente ni imprevisible”, sino una situación que ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas.

En este sentido, la CEJ argumenta que el decreto no cumple con los criterios establecidos en los artículos 212 y siguientes de la Constitución, que requieren que la declaración de un Estado de Conmoción Interior esté fundamentada en hechos imprevistos que justifiquen la aplicación de medidas excepcionales.

Para la CEJ, la crisis humanitaria en el nororiente del país debe ser abordada mediante la implementación de políticas públicas integrales y no a través de medidas extraordinarias. La organización considera que, tras décadas de conflicto armado, lo más adecuado es desarrollar estrategias sostenibles enfocadas en las zonas históricamente afectadas y marginadas. Además, recalca que el Gobierno no ha justificado de manera suficiente por qué las herramientas ordinarias no son suficientes para enfrentar la situación.

La CEJ también advierte que, de declararse exequible el Decreto 062 de 2025, se podría abrir la puerta para que el Gobierno Nacional declare un Estado de Conmoción Interior en otras regiones del país con problemas de orden público similares. Entre las zonas mencionadas por la organización se encuentran Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, La Guajira, Guaviare, Meta, Nariño y Putumayo, donde también hay presencia de grupos armados ilegales y violencia estructural.

Ante este panorama, la CEJ solicita a la Corte Constitucional que revise a fondo la legalidad del decreto y garantice que las medidas adoptadas por el Gobierno respeten los principios constitucionales y los derechos fundamentales de la población.