La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, ha revelado en una entrevista con *Noticias Caracol* detalles inquietantes sobre el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ortiz, actualmente detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, afirmó que posee información clave sobre una red de sobornos que salpica a altos funcionarios y congresistas, pero advirtió que su vida está en peligro por revelar esta información.

“Yo ya dije lo que tenía que decir. Quiero contar la verdad y hay una historia que merece ser conocida por el país”, expresó Ortiz durante la entrevista. Aunque evitó confirmar si entregó 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, señaló que está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso.

Ortiz aseguró que el caso está marcado por presiones y amenazas, mencionando que uno de los principales testigos fue asesinado en Bogotá meses atrás. Según la exfuncionaria, existen personas cercanas al presidente Gustavo Petro que habrían influido en la red de corrupción desde la Casa de Nariño, incluso señalando que un familiar de una mujer cercana al mandatario habría solicitado 12.000 millones de pesos a empresarios a cambio de controlar la Ungrd.

“Las personas interesadas en que no hable la verdad quieren matarme. Quieren silenciarme porque tengo información que puede comprometer a varios actores políticos”, afirmó Ortiz, dejando en evidencia la gravedad de la situación.

Solicitud de garantías al presidente Petro

En medio de sus declaraciones, Ortiz pidió al presidente Gustavo Petro que sea garante de su seguridad y facilite las condiciones para que la verdad salga a la luz. “Es importante que se sepa lo que ocurrió, que todos los implicados asuman su responsabilidad. No puede ser que yo sea la única detenida cuando hay muchas más personas involucradas”, enfatizó.

Ortiz también criticó a la Fiscalía por no imputar cargos a otros implicados, a pesar de las pruebas que, según ella, los vinculan directamente con los sobornos y el tráfico de influencias. “No entiendo por qué no han investigado más a fondo. Hay congresistas, funcionarios, y empresarios que también tienen responsabilidad”, puntualizó.

El escándalo de corrupción en la Ungrd involucra irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques y un sobrecosto de 13.700 millones de pesos. Según las investigaciones, los sobornos no solo afectaron la gestión de recursos públicos, sino que también se destinaron al financiamiento de campañas políticas de candidatos relacionados con congresistas implicados.

En este contexto, Ortiz destacó que los recursos obtenidos de manera ilícita habrían beneficiado a figuras políticas de alto nivel, pero insiste en que aún no se han investigado a fondo todas las conexiones.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, las declaraciones de Sandra Ortiz han generado expectativa sobre posibles nuevos implicados en este caso. Sus denuncias no solo han puesto en evidencia la complejidad del entramado de corrupción en la Ungrd, sino también las tensiones y riesgos personales que enfrenta al intentar colaborar con la justicia.

“Voy a seguir hablando. Quiero que el país sepa lo que realmente ocurrió”, concluyó Ortiz, dejando claro que su testimonio será un elemento crucial en el desarrollo de este escándalo que ha sacudido la confianza en las instituciones colombianas.