La región del Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta una de las crisis humanitarias más severas de los últimos años. La violencia y el conflicto armado han forzado el desplazamiento de más de 36.000 personas, según reportes del Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado. Estas cifras reflejan el impacto devastador de las amenazas y enfrentamientos que continúan afectando a la población civil, especialmente a comunidades vulnerables como los firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales y menores de edad.

En los últimos días, cientos de familias han huido de sus hogares bajo la amenaza de violencia. Aunque algunos desplazados han sido rescatados mediante caravanas terrestres, motorizadas y fluviales, otros enfrentan confinamientos forzados en sus territorios. La comunidad indígena Yukpa, particularmente en San Pablo, Tibú y Cúcuta, se encuentra gravemente afectada, con más de 631 personas desplazadas. Estas familias han buscado refugio en resguardos como Catalaura, donde las necesidades de asistencia humanitaria son críticas. En respuesta, se han entregado 1.5 toneladas de alimentos, pero las condiciones siguen siendo precarias.

El conflicto también ha golpeado a los firmantes del Acuerdo de Paz. Hasta la fecha, se reportan seis asesinatos y siete desapariciones, de las cuales solo dos personas han sido liberadas. Más de 100 firmantes han sido desplazados y muchos de ellos han solicitado protección en Ocaña, donde enfrentan un alto riesgo. La violencia contra este grupo, que forma parte del proceso de reincorporación, ha generado preocupación por la implementación efectiva de los compromisos de paz.

Por otro lado, el panorama humanitario en los albergues de Cúcuta, Tibú y Ocaña es alarmante. La falta de alimentos, insumos de higiene y colchones, sumada a los riesgos de seguridad, afecta a cientos de niños, niñas y adolescentes desplazados. En Cúcuta, se estima que entre 1.500 y 1.800 menores están en esta situación, mientras que en Ocaña y Tibú las cifras ascienden a 1.000 y 600, respectivamente. Las mujeres también enfrentan riesgos específicos, como la trata de personas, un problema que ha sido detectado en Cúcuta y vinculado a los desplazamientos desde Tibú.

El conflicto armado en el Catatumbo también ha generado un aumento en los secuestros y asesinatos. Entre los casos más recientes destaca el secuestro de Álvaro Carrascal, líder social de Teorama. Además, el gobernador de Norte de Santander reporta al menos 80 homicidios en el último periodo, mientras que la Defensoría del Pueblo ha documentado 60 asesinatos en diferentes contextos de violencia.

Ante esta crisis, el Gobierno ha desplegado acciones de emergencia. Hasta el momento, 435 personas han sido evacuadas en vuelos humanitarios, y 200 más han sido trasladadas desde Tibú con el apoyo del Ejército Nacional. En términos de ayuda humanitaria, se han entregado 25 toneladas de suministros en Ocaña y una tonelada en Tibú vía aérea. Sin embargo, la magnitud de la crisis supera las capacidades actuales de atención, y un número indeterminado de desplazados ha cruzado la frontera hacia Venezuela en busca de refugio.

La situación en el Catatumbo exige una respuesta integral e inmediata que no solo atienda las necesidades de las víctimas, sino que también aborde las causas estructurales del conflicto. Las comunidades desplazadas, los líderes sociales y las autoridades locales requieren protección y asistencia urgente para garantizar su seguridad y estabilidad en medio de esta emergencia humanitaria.