Aunque la Defensoría del Pueblo ha confirmado la muerte de 23 personas por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las Farc en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que podrían ser más de 30 en las últimas 24 horas desde que inició el combate, según indicó el gobernador de ese departamento, William Villamizar, quien espera que sea el propio presidente Gustavo Petro quien se apersone de la situación en la región y puedan apaciguar el conflicto.

Al respecto el mandatario nacional fijó posición sobre la crisis en su cuenta X, indicando que “el Catatumbo no está solo” y que hoy se va a pronunciar la delegación oficial del gobierno ante los diálogos de paz con el ELN.

El Ejército se ha desplegado en la zona ejecutando acciones humanitarias, como la evacuación de heridos y personas bajo amenaza. No obstante se conoció que se desplegaran tropas para recuperar la tranquilidad y el orden en los municipios afectados.

Entre las víctimas se encuentran cinco firmantes de paz, quienes de acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, habrían sido sacados de sus viviendas y ejecutados al parecer por el GAO-ELN. Asimismo, confirmó la identidad de los firmantes: Pedro Rodríguez Mejía, Albeiro Díaz Franco, Jhon Fredy Carrascal y Juan Carlos Carvajalino.

Alcaldes piden la intervención del Gobierno nacional

La intensificación de la violencia en la región del Catatumbo, Norte de Santander, ha desencadenado una grave crisis humanitaria, marcada por desplazamientos forzados de docentes, enfrentamientos entre grupos armados organizados, y el deterioro del tejido social. Esta zona, fronteriza con Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, quienes se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

Frente a esta situación, los alcaldes de los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Tibú, Río de Oro, Teorama, Convención, El Tarra, El Carmen y Hacarí dirigieron una carta al presidente Gustavo Petro, solicitando una intervención urgente con apoyo de entidades estatales y organismos multilaterales para mitigar los efectos de la crisis.

Profesores huyen de la guerra en El Catatumbo. Unos 50 maestros salen de los municipios afectados por el enfrentamiento armado entre las guerrillas del ELN y FARC. pic.twitter.com/lxaBu1WSGc

— A Ocaña decile si (@aOCANAdecileSI) January 16, 2025

Entre las principales solicitudes, los mandatarios locales pidieron la creación de un corredor humanitario que permita garantizar la protección de los derechos humanos, tanto de la población civil como de los combatientes heridos. Propusieron que la Fuerza Aérea facilite la evacuación de heridos, la recuperación de cadáveres, y el ingreso de ayuda médica y alimentaria. También destacaron la necesidad de articular esfuerzos entre el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y programas de cooperación internacional.

Adicionalmente, solicitaron flexibilizar los mecanismos de acceso a la ayuda humanitaria a través de la Unidad para las Víctimas, debido a la incapacidad financiera y técnica de los municipios para hacer frente a la complejidad de la crisis.

Los alcaldes instaron al presidente Petro a convocar de manera urgente a las delegaciones de las mesas de diálogo con el ELN y las disidencias de las Farc, buscando construir un acuerdo de mínimos humanitarios que excluya a la población civil de los enfrentamientos. Este paso, según los mandatarios, sería una condición indispensable para continuar con los diálogos de paz entre el Gobierno y los actores armados.

El comunicado también recordó al presidente la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos para la transformación territorial del Catatumbo. Los mandatarios pidieron agilizar la firma y ejecución del Pacto Social para el Desarrollo Territorial, una iniciativa anunciada al inicio de la gestión presidencial, y que los líderes locales consideran esencial para generar alternativas de desarrollo y mitigar las causas estructurales de la violencia.

La crisis actual ha afectado gravemente a la población civil, que se encuentra atrapada en el fuego cruzado entre guerrillas, sufriendo desplazamientos, pérdidas materiales y violaciones a sus derechos fundamentales. Los alcaldes recalcaron que las víctimas necesitan atención inmediata para mitigar las consecuencias de la confrontación armada.