La seguridad alimentaria en Estados Unidos podría experimentar transformaciones significativas con una propuesta liderada por Robert F. Kennedy Jr. y respaldada por el presidente electo Donald Trump. Este ambicioso plan busca eliminar químicos tóxicos de la cadena alimentaria mediante una serie de reformas que abarcan desde la revisión de normativas hasta el rediseño de subsidios agrícolas. Aunque se encuentra en una etapa preliminar, la iniciativa enfrenta importantes retos legislativos y el desafío de generar consenso entre actores clave.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reforma a la disposición GRAS (Generally Recognized as Safe), que actualmente permite a las empresas alimentarias aprobar aditivos químicos sin una revisión exhaustiva por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Según Calley Means, asesor principal de Kennedy, esta normativa ha permitido que las compañías actúen como reguladores de sus propios productos, debilitando el sistema de supervisión.

Organizaciones como la Environmental Working Group y el Centro para la Seguridad Alimentaria han criticado este modelo, señalando que compromete la salud pública. Los defensores de las reformas argumentan que un sistema más riguroso de supervisión es esencial para restaurar la confianza en el sistema regulatorio y garantizar la seguridad de los consumidores.

Subsidios agrícolas enfocados en alimentos saludables

La propuesta incluye un rediseño de los subsidios agrícolas, redirigiendo los incentivos hacia cultivos más saludables y sostenibles. Según Kennedy, esta medida podría reducir la dependencia de alimentos altamente procesados y cargados de aditivos químicos, que contribuyen al deterioro de la salud pública.

El equipo detrás de esta iniciativa sostiene que la reorientación de los subsidios no solo beneficiaría a los consumidores al fomentar dietas más equilibradas, sino que también promovería prácticas agrícolas sostenibles, generando un impacto positivo a largo plazo en el sistema alimentario del país.

La implementación de estas reformas enfrenta múltiples obstáculos, desde la aprobación legislativa en el **Congreso** hasta el financiamiento necesario para fortalecer la capacidad de la FDA. La propuesta de establecer tasas en las solicitudes de revisión de aditivos químicos ha sido considerada como una posible solución, pero carece del apoyo político necesario.

Además, se prevé que la industria alimentaria pueda recurrir a litigios para frenar los cambios, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso de implementación.

¿Qué dice la industria alimentaria?

La reacción de la industria alimentaria ha sido variada. Mientras que organizaciones como la Consumer Brands Association han expresado disposición a colaborar con la FDA en la mejora de los estándares de seguridad, también han advertido sobre los riesgos de normativas fragmentadas a nivel estatal, que podrían incrementar los costos de producción.

Por otro lado, los intereses económicos asociados a los aditivos químicos generan resistencia dentro del sector, lo que complica la posibilidad de lograr un consenso amplio.

En un movimiento poco convencional, Kennedy sugirió que Trump podría declarar una emergencia nacional para abordar las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Este enfoque permitiría acelerar la implementación de reformas, incluso ante la resistencia de ciertos sectores industriales.

Según Calley Means, aún es posible “perturbar” a la industria alimentaria mediante estrategias bien diseñadas que prioricen la salud pública por encima de los intereses corporativos.

Si se implementan, las reformas podrían marcar un antes y un después en la seguridad alimentaria de Estados Unidos. La eliminación de químicos tóxicos y la promoción de alimentos más saludables podrían reducir la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, mejorando la calidad de vida de millones de estadounidenses.

Sin embargo, el costo asociado a estos cambios podría traducirse en un aumento de precios en los alimentos, lo que generaría debates sobre la sostenibilidad económica del plan. Equilibrar los beneficios para la salud pública con la viabilidad financiera será crucial para el éxito de esta ambiciosa iniciativa.

Con este enfoque, la propuesta no solo busca transformar el sistema alimentario, sino también promover un cambio cultural hacia hábitos de consumo más saludables y sostenibles.