El empresario Emilio Tapia reconoció su responsabilidad como cerebro del caso Centros Poblados, un escándalo de corrupción que generó un detrimento patrimonial de $70.000 millones en un contrato destinado a proveer internet a zonas rurales de Colombia.
Durante la audiencia celebrada el 21 de noviembre, se revelaron los términos del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, que incluye:

– Una condena aproximada de seis años de prisión
– Restitución de $5.063 millones, de los cuales ya ha devuelto $2.532 millones
– Entrega de dos propiedades avaluadas en $1.128 millones y $17.692 millones respectivamente
– Compromiso de colaborar como testigo en procesos contra otros implicados

El escándalo se originó en la adjudicación irregular de un contrato por $1 billón, destinado a la conectividad de zonas rurales apartadas. Tapia admitió haber gestionado fraudulentamente las pólizas de garantía para obtener un anticipo de $70.000 millones.

El empresario, quien actualmente cumple condena en Barranquilla por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá, testificará contra otros investigados, incluyendo a Luis Fernando Duque, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde.

El juez del caso analizará los términos del acuerdo en una audiencia programada para el 18 de diciembre, donde decidirá si aprueba la negociación entre la Fiscalía y el procesado. Como parte del pacto, Tapia deberá ofrecer disculpas públicas por el daño causado a la sociedad.

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