La fiscalía general de la Nación imputó nuevos cargos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por presuntas irregularidades en un contrato de 4.950 millones de pesos destinado a implementar un sistema biométrico en estadios de fútbol.

La audiencia, realizada ante el Tribunal Superior de Bogotá, señaló a la exfuncionaria por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos públicos. Urrutia no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

Según la investigación fiscal, la exministra habría violado el Decreto 1622 de 2022, que establecía la necesidad de garantizar la concurrencia de oferentes para implementar el “Sistema de Validación Nacional”. Este software vincularía el documento de identidad con las boletas de ingreso a los estadios.

El ente investigador reveló que:
– La selección del contratista se realizó de manera directa, obviando el proceso de licitación pública
– Se ignoraron tres advertencias del equipo técnico y jurídico sobre presuntas maniobras ilegales
– No se realizaron estudios de mercado ni se justificó el valor del contrato
– Se incluyeron avales de funcionarios ajenos al proceso de estructuración

La magistrada Alejandra Ardila Polo impuso una prohibición de seis meses para la venta de bienes a nombre de la exministra mientras avanza el proceso judicial.

Esta nueva imputación se suma a un proceso anterior donde Urrutia enfrenta cargos por irregularidades en la firma de 104 contratos de prestación de servicios, realizados entre el 2 y 6 de marzo de 2023, tras el anuncio de su salida del ministerio.

La actual ministra del Deporte, Luz Cristina López, ha reconocido la existencia de problemas estructurales en la entidad, especialmente en la gestión de más de 400 contratos y convenios, señalando deficiencias en la capacidad operativa para cumplir con los compromisos adquiridos.

La investigación continúa su curso en el sistema judicial, mientras la exministra Urrutia mantiene su declaración de inocencia frente a las acusaciones presentadas por la fiscalía general de la Nación.

Con información de wradio, swissinfo y semana