El próximo 18 de noviembre, la plenaria del Senado de Colombia votará para elegir el reemplazo de Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional, quien finalizará su periodo en febrero de 2025. Los tres candidatos nominados por el Consejo de Estado son los juristas Claudia Dangond Gibsone, Jaime Humberto Tobar, y Miguel Efraín Polo Rosero. Esta elección es de gran relevancia, pues el elegido ocupará el cargo durante ocho años y tendrá una influencia determinante en decisiones clave para el país.

El Consejo de Estado seleccionó a tres juristas para conformar la terna, teniendo en cuenta sus méritos académicos y profesionales. Los candidatos son:

1. Claudia Dangond Gibsone: una abogada experimentada, quien ha sido finalista en procesos de selección para la Corte en 2020 y 2022. Dangond es una figura conocida en el ámbito académico y cuenta con el respaldo de la bancada conservadora en el Senado. Además, ha aspirado al Senado por el Partido Conservador en 2014.

2. Jaime Humberto Tobar: abogado y profesor universitario especializado en arbitraje y conciliación. Ha sido socio en una firma de abogados y fue conjuez del Consejo de Estado, lo que le da un perfil con amplio conocimiento en temas judiciales.

3. Miguel Efraín Polo Rosero: actual magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, ha trabajado en el equipo del exsecretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández. Polo es considerado un candidato cercano ideológicamente al gobierno actual, lo cual ha generado opiniones divididas sobre su postulación en el Senado.

Esta votación llega en un momento de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El presidente Gustavo Petro ha tenido varios desencuentros con las cortes, lo que ha generado un ambiente de polarización entre ambas ramas del poder. Hace unas semanas, el nuevo magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, solicitó que su posesión no fuera ante el presidente Petro, un gesto interpretado como una afirmación de independencia judicial. Además, la Corte Suprema no asistió a la posesión de una magistrada de la Judicatura y ha rechazado invitaciones de la presidencia para recalcar su autonomía.

La Corte Constitucional, al igual que la Suprema, ha enfrentado estos roces. A inicios de año, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, contradijo públicamente al presidente Petro respecto a la supuesta presión sobre los magistrados de la Suprema durante la elección del nuevo fiscal general. En septiembre, Reyes volvió a distanciarse de la retórica presidencial al desestimar los comentarios de Petro sobre un “golpe blando” contra su gobierno.

Lo que está en juego en la elección

El próximo magistrado de la Corte Constitucional jugará un papel decisivo en la revisión de importantes leyes promovidas por el gobierno, como la reforma pensional, el impuesto al patrimonio y el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque la corte toma sus decisiones basándose en principios jurídicos y constitucionales, los procesos de elección son, en última instancia, políticos, ya que el Senado es quien decide la composición del alto tribunal.

En cuanto a las posturas de los senadores, hay indicios de que la mayoría no se inclinaría por apoyar a Polo, a quien se relaciona con el gobierno de Petro, sino que estarían más inclinados hacia Dangond o Tobar, candidatos percibidos como menos cercanos al Ejecutivo.

La Corte Constitucional es uno de los órganos más importantes en el sistema judicial de Colombia, con la misión de proteger la supremacía de los derechos y principios constitucionales. Entre sus funciones se encuentra la revisión de proyectos de ley para asegurar que se ajusten a la Constitución. La corte actúa como un contrapeso al poder Ejecutivo al examinar tanto el contenido como el procedimiento de estas normas.

Además, la corte evalúa las demandas de inconstitucionalidad que los ciudadanos presentan contra leyes vigentes, y sus sentencias son de cumplimiento obligatorio para todos los jueces del país. Esto significa que sus decisiones impactan de manera directa y amplia en la sociedad colombiana y en la implementación de políticas gubernamentales.