El número de suicidios en menores de edad en Colombia sigue en aumento, lo que ha encendido las alarmas en instituciones de salud mental y organismos de protección infantil. De acuerdo con datos de Medicina Legal, en lo que va de 2024, 183 niños, niñas y adolescentes han perdido la vida por suicidio en el país. Estas cifras se acercan peligrosamente al máximo histórico registrado en 2019 y reflejan una realidad compleja que afecta tanto a entornos urbanos como rurales y atraviesa todos los estratos sociales.

Según las estadísticas, el 56% de los suicidios de menores este año corresponde a varones, mientras que el 44% involucra a niñas y adolescentes. Los jóvenes entre los 14 y 17 años son los más afectados, representando el 79% de los casos, seguidos por niños entre 10 y 13 años (20%) y un 1% en menores de entre 5 y 9 años. Estas cifras no solo reflejan un incremento en la mortalidad, sino que evidencian el aumento de intentos de suicidio, especialmente entre niñas y adolescentes.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, resaltó que el incremento en suicidios e intentos entre menores de edad es un problema alarmante, que debe llamar a la acción urgente para implementar políticas de apoyo emocional, social y recreativo. “Estamos fallando en algo”, comentó Marín, subrayando la necesidad de programas de prevención en salud mental y apoyo a actividades extracurriculares como el deporte y la cultura.

Secuelas del 2020

La Defensoría del Pueblo, junto con otros organismos, ha alertado desde 2020 sobre el deterioro en la salud mental de los menores, especialmente en regiones donde la violencia y el conflicto armado continúan afectando a las comunidades. El confinamiento por la pandemia acentuó los problemas emocionales de muchos jóvenes, generando una tendencia al alza que persiste. En departamentos como Cauca, los menores han expresado la necesidad de contar con más oportunidades y actividades de esparcimiento que les ayuden a construir un proyecto de vida positivo.

En Antioquia, los registros de suicidios en menores son especialmente altos, con 83 casos hasta agosto de este año, seguido de Bogotá (22), Valle del Cauca (14), y Cundinamarca (11). Cauca, Atlántico, Bolívar, Nariño, Boyacá y Huila también registran cifras preocupantes, lo que confirma que el problema se extiende por varias zonas del país.

Además de los casos consumados, los intentos de suicidio reflejan la magnitud de esta crisis. El Instituto Nacional de Salud reportó que entre 2019 y 2023 hubo 51.273 intentos de suicidio en menores de entre 5 y 17 años. En el mismo periodo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó que 1.601 jóvenes se quitaron la vida. En lo que va de 2024, ya se registran 32.464 menores con deseos de suicidio, un número que la defensora Marín calificó de “escandaloso”.

La defensora subrayó la importancia de fortalecer las políticas de salud mental y de atención a la juventud, abriendo espacios de apoyo y escucha en colegios y comunidades. “¿Qué está pasando? Esa es la pregunta que como instituciones debemos resolver”, indicó, haciendo un llamado a la acción para implementar políticas preventivas y brindar un acompañamiento constante a los menores.

Los menores indígenas y el conflicto

La situación de los menores indígenas es particularmente crítica. De acuerdo con Francisco Calí Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, muchos niños indígenas consideran el suicidio como una alternativa ante el riesgo de ser reclutados forzosamente por grupos armados ilegales. Las cifras de Medicina Legal muestran que el 7% de los suicidios en menores registrados en 2024 corresponden a niños indígenas.

Calí Tzay explicó que, durante una visita a comunidades indígenas, los líderes relataron que algunos niños han intentado suicidarse para evitar el reclutamiento. “Estamos hablando de niños de 6, 7 y 8 años”, señaló el relator. En el departamento del Cauca, donde se registran altas tasas de violencia y conflicto armado, 190 menores han sido reclutados este año, una situación que pone en grave riesgo a las comunidades indígenas y sus niños.