El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha convocado a movilizaciones populares en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos en su contra por presuntas irregularidades financieras durante su campaña presidencial de 2022.

Durante un acto público en Carmen de Viboral, Antioquia, el mandatario respondió enérgicamente: “Van al golpe de Estado, no somos bobos para no saberlo. (…) Va a haber movilización del pueblo, claro que sí, inmensa, porque este pueblo se cansó de la injusticia”.

Ha comenzado el golpe de Estado.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2024

Petro argumentó que sus derechos políticos están siendo vulnerados debido a su agenda reformista: “El presidente llegará hasta donde el pueblo diga. No importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia, llegó el momento de moverse”.

El presidente estableció un paralelo con su experiencia como alcalde de Bogotá en 2014, cuando fue destituido por la Procuraduría General,  sanción que fue posteriormente anulada por el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por violar sus derechos políticos.

El mandatario sostiene que la acción del CNE ignora estos precedentes legales: “¿Y ahora qué están haciendo? Les importó un bledo la sentencia. Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, 11 millones y medio de personas”.

El vicecanciller Jorge Rojas aseguró que Colombia espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre la investigación que el CNE inició contra el presidente Gustavo Petro, pues lo consideran una burla a los mecanismos de elección popular. “Con toda… pic.twitter.com/6bHyjGhZ1R

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 8, 2024

Petro ha vinculado las acusaciones del CNE con su agenda política, señalando que sus objetivos de justicia social y educación universal “no les gusta, como no les gustaba Gaitán”.

La decisión del CNE también afecta a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron la ponencia que fue acogida por el Consejo.

Según la investigación del organismo electoral, la campaña de Petro habría excedido los límites de financiación en $3.709.361.342 durante la primera vuelta y $1.646.386.777 en la segunda vuelta.

Entre los aportes no reportados se destacan $500 millones del Polo Democrático, $500 millones de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) y $931 millones destinados al pago de testigos electorales.