Una crisis financiera se cierne sobre el sector energético colombiano mientras los gremios advierten sobre posibles cortes de servicio debido a deudas gubernamentales que superan los $7 billones. Esta situación podría afectar principalmente a usuarios de estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de subsidios para acceder al servicio eléctrico.

Seis importantes asociaciones del sector energético —Asocodis, Andesco, Acolgen, Andeg, Naturgas y SER Colombia— emitieron un comunicado conjunto alertando sobre la gravedad de la situación. Según el documento, el gobierno adeuda aproximadamente:

• $2,5 billones en subsidios a empresas de energía eléctrica y gas natural
• $4 billones adicionales por concepto de opción tarifaria
• Déficit proyectado de $3 billones para subsidios en 2025

Las consecuencias para los consumidores podrían ser devastadoras. Los gremios advierten que la falta de pago de subsidios podría resultar en “incrementos del 150% en las facturas de los usuarios del estrato 1”.

Respuesta del Gobierno

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha intentado calmar los temores del sector, argumentando que no existe una crisis energética real, dada la capacidad actual de los embalses. Además, argumentó que el retraso en los pagos se debe a una “restricción de caja” y que las deudas por opción tarifaria están contempladas en la nueva reforma tributaria.

Los gremios han solicitado medidas urgentes, como garantizar los compromisos de pago a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios, evaluar el impacto de futuras medidas antes de su implementación y abordar la situación estructural en la costa Caribe colombiana.

El caso Air-e

La crisis se ha agudizado con la intervención de Air-e, que ha generado el congelamiento de deudas previas y atrasos en pagos corrientes superiores a $500.000 millones.

Sin embargo, el ministro Bonilla ha señalado que la solución podría estar en la nueva ley de financiamiento: “La deuda está incluida en la ley de financiamiento para que el Congreso avale que el Estado pueda asumir esas deudas”.

Mientras el gobierno y el sector privado buscan una solución, millones de colombianos permanecen en la incertidumbre sobre el futuro de su servicio eléctrico.

No obstante, la situación actual no solo amenaza la estabilidad del sector energético, sino que también podría tener repercusiones significativas en la economía nacional y la calidad de vida de los ciudadanos.