El presidente Gustavo Petro defendió su postura tras la admisión de una tutela por parte del Consejo de Estado, para que el mandatario dé explicaciones sobre sus declaraciones respecto a la presunta adquisición del software de espionaje Pegasus durante el gobierno anterior.

“Mi alocución es conforme a la ley de seguridad. Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales”, afirmó el mandatario colombiano a través de su cuenta en la red social X.

Petro enfatizó la importancia del respeto a la voluntad popular, declarando que “al voto popular se le respeta” y subrayando que “los seres humanos solo somos libres en una democracia”.

Alocución del 4 de septiembre

La controversia se origina en la alocución presidencial del 4 de septiembre, donde se revelaron detalles sobre la supuesta compra del software Pegasus, presuntamente destinado a la interceptación irregular de comunicaciones telefónicas.

Petro habría dado a conocer al país el contenido de un documento clasificado en el cual la Impa, autoridad fiscal de Suiza, le informaba al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, de una serie de transacciones por 11.000.000 hacia un banco de Israel, con las que se habría adquirido por el gobierno de Iván Duque el programa Pegasus.

El presidente señaló que con dicho programa espía se habrían interceptado las comunicaciones de opositores durante la campaña presidencial del 2022, además “chuzar” a líderes juveniles y demás protestantes durante el paro nacional de 2021. Además, refirió que el dinero para el pago se habría llevado en avión hasta el territorio israelí.

“¿Cómo es que salen del país 11.000.000 de dólares en efectivo en un avión, o dos, desde oficinas estatales, Catam, quizás, o la Dipol, para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizá durante meses, del principal partido de la oposición, que terminó siendo la primera fuerza del país?”, señaló Petro.

Todo esto dio pie a la acción judicial interpuesta por Stefan Bravo Martínez, quien representa a la Veeduría Ciudadana “Antioqueños por Colombia” y “Abogados por la Verdad”, en la que el demandante alega violaciones a múltiples derechos fundamentales, incluyendo:

• Derecho a la vida
• Libertad de expresión
• Acceso a información veraz e imparcial
• Fundación de medios de comunicación
• Derecho a la honra

El alto tribunal ha tomado como medidas, la vinculación al proceso de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa como terceros interesados. Además, solicitó un informe presidencial sobre los hechos en un plazo máximo de 48 horas, notificando a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para posible intervención.

Mi alocución es conforme a la ley de seguridad. Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir contra la personalidad libre del ser humano. El presidente habla y actua con libertad porque los seres… https://t.co/YnsFADWBP3

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2024