El Ministerio de Justicia de Colombia ha presentado un oficio de cuatro páginas ante el Consejo de Estado defendiendo la validez del Decreto 2422 de 2022, que permite nombrar como voceros de paz a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad. Esta acción surge en respuesta a una demanda que busca anular la normativa, alegando que atenta contra la separación de poderes y compromete la independencia judicial.

El decreto en cuestión, expedido a finales de diciembre de 2022 por el gobierno del presidente Gustavo Petro, establece una comisión intersectorial integrada por los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, así como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Esta comisión está facultada para recomendar al jefe de Estado personas privadas de libertad que podrían ser designadas como voceros de paz.

En su defensa del decreto, el Ministerio de Justicia, encabezado por la ministra Ángela María Buitrago, solicita al Consejo de Estado que rechace las pretensiones de nulidad. La cartera argumenta que los demandantes interpretan erróneamente el alcance del decreto, aclarando que este no otorga al presidente la facultad de nombrar a cualquier persona como gestor o vocero de paz, ni implica el levantamiento automático de órdenes de captura.

El documento presentado por el ministerio enfatiza que el decreto “no confiere la facultad para decidir sobre la situación jurídica particular de los ciudadanos”. Se subraya que la función de la comisión se limita a hacer recomendaciones al presidente sobre posibles voceros de paz, sin invadir las competencias judiciales en materia de medidas de aseguramiento.

Además, el ministerio sostiene que el decreto no menoscaba el rol de los jueces en la toma de decisiones de su competencia. La ministra Buitrago ha manifestado que esta normativa permite abordar mejor las dinámicas del conflicto en el país, relacionándola con figuras como los jueces de paz, implementados por la Constitución de 1991.

La defensa del decreto por parte del gobierno se produce en un contexto de debate sobre las estrategias para alcanzar la paz en Colombia. El Consejo de Estado deberá ahora evaluar los argumentos presentados tanto por los demandantes como por el Ministerio de Justicia para determinar la validez constitucional del Decreto 2422 de 2022.

Con información de caracol radio