El Consejo de Estado de Colombia decidió este jueves anular la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna como gobernador del departamento de Putumayo para el periodo 2024-2027. La decisión fue tomada debido a que Marroquín incurrió en doble militancia al apoyar públicamente a una candidata de otro partido político mientras estaba afiliado al Partido de La U.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, tras estudiar la demanda interpuesta por Daysy María Jiménez y otro ciudadano, concluyó que Marroquín violó las normas de doble militancia. Según los demandantes, el gobernador electo respaldó a Luz Dary Posso Cuaran, candidata a la Alcaldía de Valle del Guamuez por el movimiento “Mi Valle del Guamuez, Progreso sigue en Marcha”, relacionado con el partido Fuerza de la Paz, mientras él estaba inscrito en la coalición “Somos la Fuerza de la Gente”.

La legislación colombiana prohíbe a los candidatos apoyar a figuras de otros partidos mientras mantienen su afiliación política activa. En este caso, Marroquín, siendo miembro del Partido de La U, respaldó a Posso Cuaran, quien estaba alineada con el partido Mais, lo que configuraba una infracción de las normativas vigentes.

El fallo del Consejo de Estado determinó que el respaldo de Marroquín a la candidata del partido Mais constituía una violación a las leyes sobre doble militancia. Aunque se argumentó que Marroquín no apoyó a candidatos del partido MIRA, el tribunal concluyó que su relación con la candidata de Mais era suficiente para anular su elección como gobernador.

La sentencia invalida el acto administrativo contenido en el formulario E-26 GOB del 5 de noviembre de 2023, que certificaba la elección de Marroquín como gobernador de Putumayo. Además, esta decisión del Consejo de Estado es de única instancia, lo que significa que no admite recursos ni apelaciones.

Con la anulación de la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna, Putumayo queda sin su gobernador electo a pocas semanas de iniciar el nuevo periodo administrativo 2024-2027. La decisión judicial deja al departamento en una situación de incertidumbre mientras se definen los mecanismos y procedimientos para nombrar un reemplazo que asuma las riendas del gobierno departamental.