Un patrullero de la Policía Nacional de Colombia ha recibido medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tras denunciar a sus superiores por nexos con el grupo armado ELN. La resolución 66/2024, emitida el 19 de septiembre, establece protección para el agente, identificado como G.O.F., su esposa y sus tres hijas, quienes se encuentran en una situación de riesgo grave e inminente.

El patrullero se negó a devolver explosivos que dos subintendentes planeaban entregar al ELN, lo que lo convirtió en blanco de amenazas. Tras denunciar los hechos a la Fiscalía General de la Nación, comenzó a recibir intimidaciones por teléfono y correspondencia. Estas amenazas forzaron a la familia a desplazarse repetidamente, al tiempo que la ubicación de G.O.F. fue filtrada a los oficiales corruptos, complicando aún más su situación.

Pese a haber solicitado protección a las autoridades colombianas, la falta de acciones efectivas llevó al patrullero a recurrir a la Corte IDH. En respuesta, el organismo internacional otorgó las medidas de protección necesarias, advirtiendo que el Estado no ha implementado medidas materiales para salvaguardar la vida del agente y su familia. La Corte instó al gobierno colombiano a garantizar su seguridad y a investigar los hechos de corrupción en la unidad policial implicada.

El Estado colombiano informó que la Fiscalía ha abierto una investigación por amenazas y que existen programas de protección para funcionarios públicos, pero hasta el momento, estas medidas no han sido suficientes para mitigar el riesgo.

La Corte IDH ha hecho un llamado urgente a Colombia para que tome acciones inmediatas y efectivas ante una preocupante falta de protección para aquellos que denuncian actos de corrupción en el país, especialmente cuando estos implican a altos mandos dentro de las fuerzas de seguridad.