El tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y el grupo armado ilegal Comuneros del Sur, una facción anteriormente vinculada al ELN, culminó con acuerdos para el desescalamiento del conflicto en Nariño.

Entre los puntos más destacados se encuentra la instalación de una mesa técnica que trabajará en los protocolos para un cese al fuego bilateral. Esta iniciativa contará con la participación de delegaciones gubernamentales, representantes del grupo armado, miembros de la fuerza pública y el Ministerio de Defensa, buscando establecer protocolos graduales para asegurar una transición pacífica.

Como gesto de buena voluntad, los Comuneros del Sur se han comprometido a suspender prácticas como el secuestro y el reclutamiento, medidas cruciales para la construcción de confianza en el proceso. Además, se implementará un mecanismo de monitoreo y verificación para asegurar el cumplimiento de estos compromisos.

Un aspecto innovador del acuerdo es la creación de zonas territoriales de concentración. Antes de finalizar 2024, se establecerá la primera de estas áreas, donde el 30% de la tropa de Comuneros del Sur iniciará un proceso de concentración, marcando el camino hacia una posible desmovilización y reincorporación a la vida civil.

El acuerdo también contempla la ampliación de la acción integral contra minas antipersonal, extendiendo el programa iniciado en el resguardo La Montaña de Samaniego a otros territorios afectados. Esta medida busca garantizar la seguridad de las comunidades y facilitar el retorno a la normalidad en las zonas de conflicto.

Quizás uno de los compromisos más significativos es la promesa de los Comuneros del Sur de iniciar la destrucción gradual de su arsenal bélico. El grupo se ha comprometido a destruir una parte de su armamento antes de diciembre de 2024, un paso crucial hacia la desmilitarización de la región. Para garantizar la transparencia de este proceso, se contará con la veeduría de la Misión de la OEA, los Países Bajos y la Iglesia católica.