El Consejo de Estado ha admitido el estudio de una tutela interpuesta contra el presidente Gustavo Petro, en relación con sus polémicas declaraciones donde calificó a ciertas periodistas como “muñecas de la mafia”. Esta acción legal, presentada por el abogado Germán Calderón España, busca que el mandatario se retracte públicamente de sus afirmaciones consideradas discriminatorias y ofensivas.

El incidente ocurrió durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el 30 de agosto, cuando Petro criticó la judicialización de manifestantes del paro nacional de 2020 y 2021. En ese contexto, el presidente acusó a “las periodistas del poder” de construir “la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”.

La tutela, instaurada el 9 de septiembre, no solo exige una retractación y disculpa pública del presidente, sino que también busca prohibirle el uso futuro de expresiones discriminatorias contra mujeres periodistas colombianas. Esta medida legal ha sido respaldada por diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa, incluyendo el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

La controversia ha generado reacciones incluso dentro del círculo cercano al gobierno. Iris Marín, la recién posesionada defensora del Pueblo, rechazó públicamente el lenguaje discriminatorio, mientras que Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, calificó la frase como “desafortunada”.

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, también intervino, instando al presidente a proteger a los medios de comunicación en lugar de descalificarlos. Este llamado se dio en el contexto de la presentación de una directiva presidencial para el respeto a la libertad de prensa, evento en el que Petro, paradójicamente, reiteró sus cuestionamientos a la prensa.