La Universidad Nacional de Colombia se encuentra en el centro de una nueva controversia después de que los candidatos al proceso de elección de decanos para el período 2024-2026 expresaran su profunda insatisfacción con los resultados finales. En un comunicado emitido el jueves 12 de septiembre, los aspirantes cuestionaron la legitimidad del proceso electoral, a pesar de reconocer su legalidad.

Los candidatos afirmaron que las decisiones tomadas por el Consejo Superior Universitario (CSU) carecen de coherencia y transparencia. Según ellos, sus propuestas, desarrolladas con la participación activa de las comunidades académicas, recibieron un respaldo mayoritario tanto en votación como en opinión de los profesores.

El descontento se intensificó particularmente en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA), donde los resultados fueron favorables para algunos candidatos en los tres estamentos. Sin embargo, el CSU optó por elegir a candidatos que no contaban con el apoyo mayoritario de la comunidad académica.

La controversia se extiende más allá de la FIA. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Mario Augusto García Dávila obtuvo un 64% del porcentaje ponderado total y un 79% de respaldo entre los profesores. Por su parte, en la Facultad de Minas, John Willian Branch Bedoya logró un 64% del porcentaje ponderado y un 69% de aprobación del cuerpo docente.

Esta situación ha generado un llamado a la reflexión sobre la necesidad de implementar procesos de democratización más sólidos dentro de la universidad. Los candidatos instan a la comunidad universitaria a manifestarse y a convertir esta discusión en un ejemplo para los claustros y colegiaturas.

El malestar también se ha extendido a la población estudiantil. El Comité de Representantes Estudiantiles de la Sede Manizales ha expresado su rechazo a la elección de decanos, argumentando que las decisiones parecen favorecer agendas particulares dentro del CSU en lugar de reflejar el verdadero respaldo de la comunidad académica.

Esta polémica se suma a las inquietudes planteadas durante la consulta electrónica del 29 de agosto y a las controversias relacionadas con la reciente designación del rector para el período 2024-2027. Además, la postura pública del profesor Leopoldo Múnera Ruiz, quien había abogado por el respeto a los procesos democráticos, ha contribuido a intensificar el descontento.