La líder opositora venezolana, María Corina Machado, asumió este jueves la responsabilidad por la publicación de las actas electorales que, según asegura, demuestran la “estruendosa derrota” del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. A través de la red social X, Machado defendió la legitimidad de los documentos que, según ella, reflejan la verdadera voluntad del pueblo venezolano.

“Las actas son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano”, expresó Machado, reafirmando su postura frente a las denuncias del régimen. Su pronunciamiento llegó poco después de que el fiscal general, Tarek William Saab, reiterara la existencia de una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial, por la difusión de estas actas.

González Urrutia, a través de su abogado José Vicente Haro, negó ser responsable de la “digitalización, resguardo y publicación” de los documentos, alegando que no se han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Haro, la entrega de actas a los testigos de las mesas de votación está contemplada en el sistema electoral venezolano como una de las garantías de transparencia del proceso.

En su declaración, Machado calificó la recolección de las actas como una “hazaña ciudadana épica” que permitió exponer rápidamente los resultados electorales. “En 24 horas, el mundo entero tuvo las evidencias de la estruendosa derrota de Maduro”, afirmó la líder opositora, quien insiste en que González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela.

Machado también aseguró que más de un millón de voluntarios participaron en la recopilación de estas actas, lo que permitió que la oposición pudiera presentar pruebas del presunto fraude cometido por el régimen de Maduro. Además, hizo un llamado a las fuerzas militares y policiales a cumplir con su “deber constitucional”, subrayando que tanto las autoridades como la población conocen los resultados reales.

Mientras tanto, el fiscal Saab ha reiterado que la Fiscalía mantiene la citación y la orden de aprehensión en curso contra González Urrutia, a quien se le ha llamado a comparecer en tres ocasiones. El excandidato enfrenta cargos por “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje” y “asociación para delinquir”.

González Urrutia ha solicitado que se respete su “presunción de inocencia” y las garantías procesales, mientras continúa siendo señalado por su implicación en la difusión de las actas electorales.

El resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio ha sido ampliamente cuestionado por la oposición venezolana, que acusa al régimen de Maduro de fraude. El Consejo Nacional Electoral, bajo el control del oficialismo, proclamó a Maduro como ganador, lo que generó una serie de denuncias por parte de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El conflicto entre el régimen y la oposición se ha intensificado en los últimos días, con la publicación de las actas como eje central del debate. Mientras Maduro y sus aliados defienden la legalidad del proceso, la oposición insiste en que los documentos recabados por los testigos electorales demuestran que el verdadero ganador fue González Urrutia.