La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación sobre 36 bloqueos totales de vías públicas en varias regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, Magdalena Medio, Norte de Santander, Nariño y Meta, en el marco del paro promovido por el gremio de transportadores. Estas acciones han generado preocupación por su impacto potencial en la salud pública y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas.

Los bloqueos, que se han extendido a lo largo de varios corredores viales cruciales para la movilidad y el suministro de bienes en estas regiones, han motivado la intervención de la Fiscalía. La entidad ha destacado que el derecho a la protesta pacífica debe ser respetado, pero advirtió que la obstrucción de vías que pone en riesgo a la población constituye un acto que podría derivar en acciones penales.

La Fiscalía expresó su preocupación por los riesgos que estos bloqueos representan, particularmente en términos de salud pública y seguridad alimentaria. Las vías bloqueadas son esenciales para el acceso de suministros médicos, alimentos y otros bienes necesarios para las poblaciones de las áreas afectadas. En este contexto, la Fiscalía subrayó que las acciones que obstruyan el tránsito de bienes esenciales podrían ser objeto de sanciones legales.

En su comunicado, la Fiscalía reafirmó el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero hizo un llamado a los organizadores y participantes del paro a respetar los derechos fundamentales de aquellos que no están involucrados en las manifestaciones. Estos derechos incluyen la integridad física, la vida, la salud y la libre locomoción, todos los cuales podrían verse comprometidos por los bloqueos de vías.

La Fiscalía advirtió que, si las manifestaciones pierden su carácter pacífico y se convierten en actos que vulneren la ley, se tomarán las medidas correspondientes dentro del marco de las competencias constitucionales y legales de la institución. Esta postura busca asegurar que las protestas no escalen a situaciones que pongan en peligro a la población y garanticen el respeto por el orden público.