El proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 ha captado la atención tanto del Gobierno Nacional como del Congreso de la República. Desde la semana pasada, ambas partes se han reunido en el Ministerio de Hacienda para discutir las cuentas propuestas, que actualmente suman $523 billones. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la viabilidad de este presupuesto, especialmente en cuanto a la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar recortes significativos al gasto proyectado.

Entre los temas más discutidos en estas reuniones destacan las transferencias económicas y la deuda, dos renglones que, según analistas y autoridades fiscales, ofrecen poco margen de maniobra. A pesar del optimismo mostrado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, algunos expertos dudan que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logre alcanzar las metas de recaudación propuestas mediante mejoras en la eficiencia.

Uno de los factores que añade incertidumbre es que parte de los gastos presupuestados, equivalentes a $24,1 billones, dependen de la implementación anticipada de la regla fiscal y la aprobación de una Ley de Financiamiento. Si estas condiciones no se cumplen, el país podría enfrentar limitaciones de caja y recortes presupuestales, lo que pondría en riesgo la estabilidad económica en los próximos meses.

El tiempo para la aprobación del Presupuesto General de la Nación se está agotando rápidamente. Según el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), el monto general del PGN debe ser aprobado antes del 15 de septiembre. Sin embargo, el profesor Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, ha advertido que el tiempo real disponible podría ser menor debido a la dinámica de trabajo del Congreso.

Amorocho explicó que la primera fase del proceso se completó con la radicación del proyecto oficial el pasado 29 de julio, momento en el que comenzaron las discusiones sobre el presupuesto necesario para cubrir los gastos del país en 2025. A partir de ahí, el Congreso debe decidir si se mantendrá el monto propuesto o si se realizarán modificaciones antes del 15 de septiembre.

El profesor también subrayó que, aunque la fecha límite oficial es el 15 de septiembre, la programación del Congreso sugiere que, en realidad, el tiempo disponible es aún más limitado. Con las sesiones plenarias programadas principalmente entre martes y miércoles, el Congreso tendría apenas seis días hábiles para definir el futuro del presupuesto.

Desafío para la sostenibilidad fiscal

Además del tiempo limitado, otro reto crucial es el riesgo de financiamiento. Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana alertó que el ajuste en el presupuesto de inversión para 2025 refleja las restricciones fiscales del país. La reducción en la inversión en sectores estratégicos podría tener efectos adversos no solo sobre la reactivación económica, sino también sobre la capacidad del gobierno para financiarse, lo que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal.

El Ministerio de Hacienda ha proyectado ingresos tributarios de $304,5 billones para el próximo año, con $12 billones adicionales si se aprueba la Ley de Financiamiento. No obstante, los expertos de Corficolombiana señalaron que la tendencia actual del recaudo tributario no es favorable, ya que durante los primeros siete meses de 2024 se registró una caída anual del 6,8%. Esto sugiere que alcanzar las metas de ingresos para 2025 será un desafío considerable.