La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo condenatorio contra el excongresista César Augusto Pérez García, señalándolo como determinador en el homicidio de Elkin de Jesús Martínez Álvarez, quien fuera alcalde electo de Remedios, Antioquia, un caso que se remonta a la violencia política de finales de los años 80 en Colombia.

El tribunal impuso una pena de 279 meses de prisión a Pérez García, además de inhabilitarlo para ejercer funciones públicas durante una década. La sentencia también rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa, lo que implica que, una vez la decisión quede en firme, se emitirá una orden de captura para que el exlegislador cumpla su condena en un centro penitenciario.

Los hechos que llevaron a esta condena están vinculados a un turbulento período de la historia colombiana, específicamente al año 1988, cuando la región del nordeste antioqueño experimentaba cambios significativos en su panorama político. La investigación reveló que Pérez García, ante la pérdida de su influencia en municipios como Segovia y Remedios, donde la Unión Patriótica ganaba terreno, recurrió a medidas extremas para mantener su poder.

Según las pruebas presentadas, el excongresista estableció contacto con reconocidos jefes paramilitares, Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez, líderes del grupo autodenominado ‘Muerte a Revolucionarios del Nordeste’. Pérez García solicitó su intervención para expulsar a los líderes de la oposición de la región, desencadenando una ola de violencia dirigida contra sus adversarios políticos.

La Corte determinó que, como resultado de estas acciones, Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, siguiendo órdenes de los paramilitares, inició una campaña de persecución y amenazas contra quienes el excongresista consideraba sus rivales políticos. Esta cadena de eventos culminó trágicamente con el asesinato de Elkin de Jesús Martínez Álvarez el 16 de mayo de 1988 en Medellín, cuando la víctima esperaba un taxi frente a un hotel.

Este fallo no solo representa justicia para la familia de Martínez Álvarez, sino que también arroja luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la política regional en Colombia. La sentencia evidencia los vínculos entre políticos y grupos armados ilegales, una práctica que ha socavado la democracia y los derechos humanos en el país durante décadas.