El juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ha ordenado la medida de aseguramiento privativa de la libertad para Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Riesgo, y Luis Eduardo López, alias “El Pastuso”, excontratista de la entidad. Los tres implicados en un escándalo de corrupción cumplirán su detención en guarniciones militares.

La decisión del juez responde a una solicitud presentada por los abogados defensores, quienes argumentaron que los implicados enfrentan riesgos de seguridad que justifican su reclusión en instalaciones militares en lugar de en una prisión convencional. Así, Olmedo López y Sneyder Pinilla serán recluidos en el Batallón Caldas de Bogotá, mientras que Luis Eduardo López cumplirá la medida en la Escuela de Carabineros.

El caso gira en torno a un contrato de más de 46,000 millones de pesos, en el que se gestionaron 40 carrotanques con presuntos sobrecostos y manipulación en el proceso de adjudicación. Según la Fiscalía, Luis Eduardo López, alias “El Pastuso”, habría sido el principal gestor de estas irregularidades. Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que los tres implicados formaban parte de una “empresa criminal” que operaba dentro de la UNGRD, involucrando a congresistas y altos funcionarios del Gobierno.

Los delitos que se les imputan incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Estos cargos reflejan la gravedad de las acusaciones en contra de los exfuncionarios y el excontratista.

Durante la audiencia, José Luis Moreno, abogado defensor de Olmedo López, destacó que su cliente ha admitido su error y ha pedido perdón públicamente, lo que demuestra su disposición a colaborar con la justicia. Además, el abogado argumentó que la vida de López corre peligro debido a amenazas recibidas de grupos armados ilegales, quienes lo han declarado objetivo militar. Estas amenazas han sido denunciadas ante la Dirección Nacional de Protección de Testigos, y fueron parte del fundamento para solicitar su reclusión en una guarnición militar.

El caso ha salpicado a varios altos funcionarios y congresistas. Entre los nombres mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla se encuentran Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, así como los congresistas Iván Name, Andrés Calle, Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo.