La Secretaría de Transparencia de Colombia ha solicitado formalmente a la procuradora General, Margarita Cabello, que inicie una investigación sobre las actuaciones del viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, y otros contratistas por presunta falsedad en documento público. Esta petición surge a raíz de irregularidades detectadas en un contrato millonario otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

El caso se centra en un contrato de más de 5.000 millones de pesos adjudicado a Cintel (Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para realizar un estudio de conectividad en Colombia. La controversia radica en que dicho estudio ya había sido donado gratuitamente al MinTIC por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La periodista Paola Herrera, en una investigación para la Revista Cambio, reveló que Cintel aparentemente utilizó estudios previos del BID y del Banco Mundial para ejecutar el contrato. Además, se descubrió un posible conflicto de intereses que involucraban al asesor Josué Manuel Acosta González, contratado por el viceministro Jurado con un salario mensual superior a 26 millones de pesos.

Contrariamente a las declaraciones del viceministro Jurado, quien aseguró que Acosta no participó en el contrato de Cintel, la Secretaría de Transparencia ha obtenido actas que demuestran la firma de Acosta como gerente del proyecto. Este hallazgo contradice directamente las afirmaciones previas del funcionario.

La situación se complica aún más al revelarse que Acosta es esposo de Ana María Trimmino, gerente sénior en Cintel, lo que plantea serias dudas sobre posibles conflictos de intereses en la adjudicación del contrato.

El ministro de TIC, Mauricio Lizcano, había respaldado inicialmente a Jurado, afirmando que Acosta no tenía relación con el proceso de Cintel. Sin embargo, las evidencias presentadas por la Secretaría de Transparencia ponen en entredicho estas declaraciones.