El Consejo de Estado ha tomado una decisión sin precedentes al anular un laudo arbitral que obligaba al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles a pagar $65.231.668.442 a los ex socios de la Clínica Santiago de Cali. Esta resolución surge como respuesta a una acción de tutela interpuesta por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que alegó irregularidades en el proceso arbitral.

El laudo en cuestión se basaba en una supuesta responsabilidad contractual derivada de un contrato de prestación de servicios de salud ejecutado durante los años 2013 y 2014. Sin embargo, el alto Tribunal determinó que existían fallos fundamentales en la decisión arbitral.

César Palomino, director general de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, comentó sobre la decisión: “Al declararse infundado el recurso de anulación, la Agencia acudió a la acción de tutela, aun sabiendo de la baja vocación de prosperidad respecto de los laudos arbitrales, pero con la total convicción de la flagrante violación a los derechos fundamentales en el caso”.

El Consejo de Estado, actuando en segunda instancia, fundamentó su decisión en dos puntos clave:

1. La disolución y liquidación de la Clínica Santiago de Cali, que originalmente celebró el contrato, invalidaba la legitimidad de sus ex socios para reclamar el pago de la suma estipulada.

2. La existencia de acreencias pendientes por pagar en el proceso de liquidación de la clínica hacía aún más injustificable la condena impuesta.

Esta resolución marca un hito importante en la jurisprudencia colombiana, ya que logra el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles. Además, establece un precedente en cuanto a la revisión de laudos arbitrales cuando existen claras violaciones a los derechos fundamentales.

Con información de caracol radio