La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció este martes que Colombia requerirá más de 300 billones de pesos para reparar a las víctimas del conflicto armado de aquí al año 2031. La cifra fue revelada durante la presentación del XI Informe de Monitoreo y Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas, un trabajo conjunto realizado entre la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

Durante la presentación del informe, Cabello enfatizó que las víctimas son el eje central de la labor de las entidades involucradas. Destacó las más de 11 mil actuaciones preventivas realizadas hasta la fecha para apoyar sus casos y fortalecer la implementación de la política de víctimas en el país. “Las víctimas deben ser el centro de nuestras acciones. Este informe refleja el esfuerzo por escuchar y atender sus voces”, señaló la procuradora.

El XI Informe de Seguimiento, resultado de un trabajo interinstitucional, recopila las perspectivas y necesidades de las víctimas, recogidas mediante mesas de trabajo realizadas en todo el territorio nacional. Estas mesas de trabajo han sido clave para identificar las áreas en las que se necesita mejorar los procesos y rutas para garantizar el acceso de las víctimas a la oferta institucional.

El anuncio de los 300 billones de pesos necesarios da cuenta de la magnitud del desafío que enfrenta el país en términos de reparación. “La deuda histórica con las víctimas exige acción”, afirmó la procuradora, enfatizando la necesidad urgente de mejorar los mecanismos que permiten a las víctimas acceder a sus derechos de manera efectiva.

Además de destacar la importancia de la reparación económica, Cabello hizo un llamado a fortalecer la articulación institucional para asegurar que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. “La articulación institucional es clave para garantizar sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, destacó la procuradora. Este enfoque busca consolidar un trabajo conjunto entre las diferentes entidades del Estado para ofrecer una respuesta integral y efectiva a las necesidades de las víctimas.

El XI Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene como objetivo visibilizar las voces de las víctimas y subrayar la importancia de un enfoque que priorice sus necesidades y derechos. Con este informe, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República buscan no solo documentar los avances y desafíos en la implementación de la Ley de Víctimas, sino también promover acciones concretas que permitan un acceso más efectivo a la reparación integral para quienes han sufrido los efectos del conflicto armado en Colombia.