La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección técnica en la sede de la Cancillería este lunes, tras recibir denuncias de presuntas irregularidades en el sistema de asignación de citas para expedir o renovar pasaportes. Estas anomalías han obligado a ciudadanos a recurrir a tramitadores informales que cobran por un trámite que debería ser gratuito.

La intervención de la Procuraduría se centró en evaluar el sistema de información utilizado por la Cancillería para la asignación de citas. Claudia Hernández, procuradora segunda delegada para la Vigilancia, explicó que la inspección busca identificar las fallas que están permitiendo que las citas se agoten en pocos minutos, generando un mercado paralelo de venta de cupos. “Esto está generando que al ciudadano le cobren por adquirir una cita, un trámite que debe ser absolutamente gratuito, eficiente y eficaz”, señaló Hernández.

Un equipo de expertos en sistemas de información de la Procuraduría Delegada de Asuntos Especiales, junto con asesores de la Delegada de Función Pública, se encargará de revisar a fondo el sistema para que la Cancillería implemente las acciones correctivas necesarias.

En paralelo a la inspección, la Procuraduría anunció la instalación de una mesa de seguimiento para monitorear de cerca la situación hasta que se garantice una solución efectiva para los usuarios. Esta mesa tendrá un carácter temporal, pero su misión será asegurar que el sistema de citas funcione de manera efectiva y sin costo para los ciudadanos.

La Cancillería, por su parte, había anunciado desde el pasado 18 de julio la implementación de ajustes en el sistema, incluyendo medidas de seguridad adicionales para asegurar que la persona que solicite la cita sea quien realmente la necesita, mediante una verificación con la Registraduría Nacional.

La Procuraduría ha recibido múltiples quejas de ciudadanos sobre la venta ilegal de cupos para obtener citas, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles focos de corrupción. Margarita Cabello Blanco, procuradora general, anunció que se llevarán a cabo indagaciones preliminares para verificar la veracidad de estas denuncias y determinar si se requiere iniciar investigaciones disciplinarias.

Cabello Blanco también expresó su preocupación por la proximidad del vencimiento del contrato de pasaportes con el actual operador, Thomas Greg, que finaliza el 2 de octubre. Durante una reunión con el canciller Luis Gilberto Murillo y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la procuradora solicitó información sobre el plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio una vez concluya este contrato.

En la reunión, la procuradora también destacó las declaraciones de Viviana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, quien afirmó que dicha entidad asumirá la expedición de pasaportes a partir de septiembre de 2025, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad del servicio a partir del 3 de octubre de 2024.