El reciente decreto 1047, emitido por el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel a partir de septiembre, ha generado un intenso debate debido a sus potenciales repercusiones económicas y legales. La medida, fundamentada en la postura del Gobierno respecto a las operaciones militares de Israel contra el pueblo palestino, ha suscitado críticas y advertencias sobre posibles demandas ante tribunales de arbitramento.

El decreto sostiene que “la República de Colombia considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan un quebrantamiento a la paz y seguridad internacional”, y destaca que el 90% de las exportaciones colombianas a Israel corresponden a hullas térmicas (carbón). En consecuencia, el Gobierno ha decidido sumarse a las medidas internacionales para prevenir la continuación de estas amenazas, implementando una prohibición a las exportaciones de carbón hacia Israel.

La decisión ha encendido las alarmas en el sector minero y entre los expertos legales. Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia, aseguró que el decreto es susceptible de ser demandado ante el Consejo de Estado por violar normas constitucionales y legales que protegen la libre competencia económica. En la misma línea, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) calificó la medida como “inconstitucional e ilegal”, argumentando que transgrede varios artículos de la Constitución y la Ley 7 de 1991, así como los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en tratados de libre comercio.

Fenalcarbón, la entidad que agrupa a las empresas productoras de carbón, también expresó su rechazo, calificando la medida de arbitraria e inconstitucional. Según la organización, la decisión pone en riesgo acuerdos y contratos ya firmados entre compañías de Colombia e Israel, afectando directamente la estabilidad económica de las regiones productoras, como La Guajira y el Cesar.

Aspectos legales y potenciales demandas

A pesar de las críticas, el decreto establece que la medida es “constitucionalmente necesaria” y que tiene validez legal, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. El documento señala que las partes del tratado tienen la potestad de adoptar medidas necesarias para cumplir con las obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, en aras de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional.

Sin embargo, expertos como Nicolás Arboleda, socio de Arboleda Abogados, cuestionan la legalidad y constitucionalidad del decreto, argumentando que el Gobierno no tiene la facultad para restringir el comercio exterior de manera tan amplia. Este escenario podría llevar a que el decreto sea impugnado ante el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, dado que la restricción al comercio podría violar derechos fundamentales.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno ha minimizado el impacto de la prohibición, asegurando que las regalías no se verán afectadas, ya que se calculan con base en la producción a boca de mina y no dependen directamente de las exportaciones. Además, el decreto subraya que las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron solo el 5,05% del total exportado por Colombia en 2023.

No obstante, la ACM advirtió que ese 5% equivale a aproximadamente 447 millones de dólares, una cifra significativa que supera las exportaciones de Colombia al Reino Unido y duplica las exportaciones de productos como el aguacate hass. En términos de impuestos y regalías, el impacto sería de alrededor de 650.000 millones de pesos, con efectos especialmente graves para regiones como La Guajira y el Cesar, que perderían recursos por cerca de 100.000 millones de pesos.