El Gobierno de Colombia ha otorgado nuevas facultades a las Fuerzas Militares, especialmente al Ejército y la Armada, para destruir maquinaria pesada utilizada en la extracción ilícita de minerales, según informó este viernes el Ministerio de Defensa. Esta medida amplía las capacidades de combate contra la minería ilegal, una actividad que afecta gravemente al medio ambiente y a las economías locales.

La viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Daniela Gómez, destacó que esta nueva autorización permite triplicar las capacidades del Estado en la lucha contra la extracción ilícita de minerales. Anteriormente, solo un grupo especializado de la Policía tenía la potestad de destruir la maquinaria utilizada en estas actividades ilegales, conocida como “maquinaria amarilla”.

“Hoy ya todas las Fuerzas Militares, la Armada, especialmente, y el Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, podrán adelantar esas labores”, indicó Gómez. Con esta medida, el Gobierno espera mejorar los resultados en la lucha contra la minería ilegal, contribuyendo al bienestar de los ecosistemas y las comunidades afectadas.

El Ministerio de Defensa reportó que, en lo que va del año, se han destruido o incautado 387 unidades de maquinaria amarilla, lo que representa un aumento del 37 % en comparación con 2023. Además, se han incautado o destruido 683 unidades de otro tipo de maquinaria, un incremento del 44 % respecto al año anterior.

La minería ilegal en Colombia es controlada en gran parte por el Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país. Esta organización obtiene millonarias ganancias de la minería ilegal, las cuales son utilizadas para financiar actividades delictivas, incluyendo la compra de armas.

A principios de este mes, el Gobierno colombiano anunció la apertura de un “espacio de conversación sociojurídico” con el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). A diferencia de las mesas de negociación con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, este espacio no constituye una negociación política, sino un sometimiento a la justicia, ya que el Gobierno no reconoce al Clan del Golfo como una organización con estatus político.

El Clan del Golfo, por su parte, ha manifestado su deseo de participar en una negociación política similar a las que ya están en curso con otros grupos, argumentando que tienen una intención política en su accionar.