El Consejo de Estado ha admitido la primera demanda que busca anular la suspensión de órdenes de captura contra líderes de las disidencias de las FARC. Esta acción legal, interpuesta por la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol), cuestiona directamente las decisiones tomadas por el presidente Gustavo Petro y la fiscal general Luz Adriana Camargo en el marco del cese al fuego bilateral.

La demanda solicita específicamente “la NULIDAD de la Resolución No. 419 de 29 de diciembre de 2023”, que suspendió las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como ‘Calarcá’, y otros líderes disidentes. Además, pide que se declare nulo el Decreto 0888 del 15 de julio de 2024, que prorrogó el cese al fuego bilateral.

Fevcol argumenta que la suspensión de las órdenes de captura ha sido contraproducente para la paz. Según la federación, esta medida “no ha contribuido a la pacificación, sino que ha permitido que los grupos armados se fortalezcan, creando un riesgo de mayor inseguridad en las comunidades afectadas”.

La demanda cobra relevancia en un contexto de creciente tensión. El general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3 de las Fuerzas Militares, ha señalado: “Están evitando los soldados los enfrentamientos entre las estructuras que están en rivalidad (…) sacar la fuerza pública es quedar a merced de los delincuentes”. Esta declaración subraya la complejidad de la situación en terreno.

El caso de ‘Calarcá’ es particularmente controvertido. Fevcol acusa a las estructuras bajo su mando de “haber amenazado en repetidas ocasiones a miembros de la federación, así como a autoridades municipales, además de extorsionar a varias comunidades y ser responsables del secuestro de soldados de las Fuerzas Militares”.