El Parlamento de Venezuela ha aprobado una ley que busca fiscalizar y regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, en un contexto de crecientes denuncias de represión contra opositores tras las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador. La “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el jueves, según informó su presidente, Jorge Rodríguez.

La ley se aprobó tres semanas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Maduro como ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, la oposición, liderada por el candidato Edmundo González, ha denunciado fraude y atribuye la victoria a su favor. En paralelo, diversas ONG y organismos internacionales de derechos humanos han alertado sobre una ola represiva en el país, que incluye la detención de más de mil personas, la muerte de al menos 23, y restricciones a la libertad de prensa y de expresión, como la cancelación de pasaportes y el bloqueo temporal de redes sociales.

La nueva normativa impone un “sistema uniforme” para la creación, registro, funcionamiento y financiamiento de las ONG en Venezuela. Entre sus disposiciones, exige a estas organizaciones que notifiquen sobre cualquier financiamiento internacional que reciban y aclaren cómo contribuyen al desarrollo económico y social del país. Las ONG también deberán registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante las autoridades competentes.

La aprobación de esta ley ha generado una rápida reacción de diversos actores. Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, criticó la medida, calificándola como un intento de “formalizar la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas”. Por su parte, el abogado Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señaló que la ley es parte de una “ola represiva” que busca cerrar el espacio cívico en el país.

Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, expresó su preocupación en redes sociales, advirtiendo sobre el uso de un “discurso estigmatizador” que asocia a las ONG con actividades terroristas y la difusión de ideas fascistas.

En Venezuela operan numerosas ONG que abordan temas tan diversos como la atención a presos, la violencia, las ejecuciones extrajudiciales, la libertad de expresión y el monitoreo de indicadores económicos y sociales. Con la nueva ley, estas organizaciones enfrentan un panorama legal más restrictivo que podría dificultar su labor y acceso a financiamiento, especialmente si este proviene de fuentes internacionales.