El comercio ilegal y el contrabando en América Latina y el Caribe representan un desafío significativo para la región, movilizando más de US$210.000 millones en productos cada año, lo que equivale al 2% del PIB regional. Así lo reveló el último informe de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que destaca la magnitud del problema en varios países del continente.

La Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del comercio ilegal (CIMA), identificó más de 100 rutas utilizadas por redes criminales en la región, proporcionando datos detallados sobre la penetración del contrabando en diversos países. Según el informe, en Colombia, el contrabando representó el 10% de la mercancía total ingresada al país entre 2018 y 2022, alcanzando un valor de US$8.800 millones en 2022.

Diego Lagos, experto en comercio exterior de la Universidad Ean, comentó que aunque la situación en Colombia es preocupante, otros países de la región enfrentan desafíos aún mayores. “Venezuela emerge como el país más golpeado por el contrabando, exacerbado por la crisis económica y la falta de control gubernamental, lo que convierte a sus fronteras en un hervidero de actividades ilícitas”, señaló Lagos.

El informe subraya que Ecuador enfrenta una crisis grave, con un 40% del comercio en 2023 considerado ilegal. Este fenómeno ha generado pérdidas fiscales significativas, con el comercio ilícito en sectores como el tabaco y los textiles causando un impacto de $1.040 millones.

En Bolivia, la economía ilegal representó el 8% del PIB en 2022, con un valor estimado del comercio ilícito de US$3.300 millones y una pérdida fiscal de US$930 millones. Estos números reflejan el alcance del contrabando y su impacto en las economías locales.

Entre los productos más afectados por el comercio ilegal en la región se encuentran partes y accesorios para vehículos, aparatos electrónicos, productos farmacéuticos, combustibles y tabaco. En Chile, por ejemplo, se estima que cerca del 50% de los cigarrillos consumidos en 2023 provienen del contrabando, lo que destaca la enorme cadena de valor que este tipo de delito genera para la delincuencia organizada.

En el noveno Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, realizado el mes pasado en Bolivia, se discutieron y presentaron estrategias para enfrentar el problema. Estas propuestas, consolidadas en 10 mesas sectoriales con la participación de 97 entidades públicas y privadas de Latinoamérica, subrayan la necesidad de una cooperación estrecha entre el sector público y privado, así como entre los países.

Las estrategias incluyen el fortalecimiento de la coordinación de políticas de estado que trasciendan los periodos de gobierno, la armonización de normas regionales y la tipificación de delitos asociados al comercio ilícito y el contrabando. Además, se propone mejorar la trazabilidad de las transacciones internacionales y fomentar el uso de la inteligencia artificial en las aduanas de la región.