La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en beneficio de aportantes a su campaña electoral. Los cargos incluyen peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, reveló que la Gobernación de Santander firmó dos convenios interadministrativos con el Canal TRO por un valor total de 8.593 millones de pesos. Estos acuerdos, suscritos el 11 de septiembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021, tenían como objetivo “posicionar la imagen institucional ‘Siempre Santander’”.

El fiscal del caso señaló múltiples irregularidades en el proceso contractual: “No hubo realización del plan de medios para ninguno de los dos compendios ni se presentó el cumplimiento de monitoreo y seguimiento de la ejecución de plan de medios”. Agregó que “existe apropiación por parte de terceros del erario por valor de 3.644 millones de pesos”.

Entre las anomalías detectadas se encuentran la falta de estudios de mercado previos, la ausencia de un plan de medios, y la no publicación del trámite contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Se habría evidenciado un direccionamiento de su parte con relación a la contratación, ello con la finalidad de favorecer la contratación de las empresas cuyos propietarios son padrinos de matrimonio suyos. Además, estas empresas figuraban como aportantes en el informe de ingresos y gastos de la campaña de Aguilar para gobernador.

La Fiscalía también cuestionó la necesidad de contratar servicios externos, dado que la Gobernación contaba con profesionales en comunicación y recursos propios suficientes para realizar la difusión institucional.

Durante su comparecencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, Aguilar Hurtado se declaró inocente de todos los cargos. Su defensa argumentó que todas las acciones ejecutadas durante su administración “fueron legales y transparentes”.