Un juez de control de garantías ha dictaminado medida de aseguramiento privativa de la libertad para 24 militares implicados en la masacre ocurrida en Alto Remanso, Putumayo, el 28 de marzo de 2022. Los uniformados deberán presentarse en el Batallón de Artillería número 13 de Bogotá en las próximas 24 horas, o de lo contrario, se expedirán órdenes de captura en su contra.

La decisión judicial llega más de dos años después de los trágicos eventos, tras un periodo de estancamiento en la Corte Constitucional. El alto tribunal finalmente remitió el caso a la justicia ordinaria, determinando que la operación militar pudo haberse evitado.

Según la Fiscalía, la operación fue ordenada por el comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, con el objetivo de localizar a alias ‘Bruno’, presunto cabecilla de una estructura disidente de las FARC. Sin embargo, las evidencias presentadas indican que, aun sabiendo que ‘Bruno’ no se encontraba en la zona, los militares procedieron con la acción.

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos relató que los uniformados, vestidos con prendas oscuras no usuales del Ejército Nacional, abrieron fuego contra el caserío durante dos horas y media. Realizaron aproximadamente 1.600 disparos y lanzaron granadas, afectando viviendas, una caseta comunitaria, un polideportivo y un embarcadero.

El ataque resultó en la muerte de 11 civiles, incluyendo un gobernador indígena, el presidente de la junta de acción comunal, y un menor de edad. Además, cinco civiles resultaron heridos, entre ellos una adolescente embarazada.

Entre los imputados se encuentran altos rangos militares como el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, así como otros oficiales y 17 soldados profesionales. Todos han sido acusados de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, cargos que ninguno ha aceptado.

La decisión judicial ha sido apelada por la Procuraduría y la defensa, alegando irregularidades en el debido proceso. Este caso ha generado controversia desde su inicio, cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, inicialmente declaró que la operación había dado de baja a nueve presuntos disidentes, versión que posteriormente fue desmentida por las evidencias.

Con información de bluradio y el colombiano