La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar y una inspección disciplinaria a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras el polémico incidente ocurrido el 23 de julio, donde varios disidentes de las FARC fueron capturados mientras se movilizaban en camionetas oficiales de la entidad en Antioquia.

Lucila Mercedes Vidal Luque, directora nacional de Investigaciones Especiales del órgano de control, encabeza la indagación que busca determinar si hubo incumplimiento de normativas, manuales y protocolos relacionados con los esquemas colectivos de protección. “Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, afirmó Vidal Luque.

La investigación se centra en identificar a los servidores públicos que podrían haber violado las regulaciones establecidas. Un aspecto clave del proceso es el análisis de los contratos con terceros proveedores de servicios. “Si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”, explicó la directora.

La gravedad del asunto radica en que los vehículos en cuestión estaban siendo utilizados por miembros del Estado Mayor Central de las FARC (EMC), una facción disidente del acuerdo de paz, hecho que ha levantado serias preocupaciones sobre la seguridad y el control de los recursos estatales destinados a la protección.

Vidal Luque advirtió sobre las posibles consecuencias de la investigación: “Podría llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en la que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros”. Además, no descartó la posibilidad de extender las inspecciones a otras entidades, como la Alta Consejería para la Paz y la Unidad Militar del municipio de Bello, Antioquia.