El Gobierno de Ruanda ha afirmado que no tiene obligación de devolver la partida inicial de 240 millones de libras esterlinas (unos 285 millones de euros) que le pagó Reino Unido para acoger a migrantes deportados por Londres en el marco del polémico acuerdo anulado por el nuevo primer ministro laborista.

La coordinadora de la Unidad de Coordinación de Asociación sobre Migración y Desarrollo Económico del Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés, Doris Uwicyeza Picard, aseguró que “Ruanda no pagará el dinero de ninguna manera, fue el Gobierno del Reino Unido quien puso fin al tratado y no Ruanda. Esto no fue un préstamo concedido a Ruanda, este dinero fue enviado a Ruanda para llevar a cabo acciones específicas”.

El pacto migratorio, conocido como “Plan Ruanda”, fue iniciado por el Reino Unido para resolver el problema de la inmigración ilegal en el país. Sin embargo, el nuevo primer ministro laborista, Keir Starmer, prometió poner en práctica “una política diferente” a la de su antecesor, Rishi Sunak, y aseguró que el plan estaba “muerto y enterrado”.

Además de los fondos ya recibidos por Ruanda, el Reino Unido se comprometió a pagar 370 millones de libras esterlinas (439 millones de euros) más durante los próximos cinco años, además de un complemento de 120 millones (142 millones de euros) una vez hubieran llegado trescientos migrantes.

La anulación del pacto ha sido celebrada por las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos, que habían criticado el proyecto por “socavar” el Estado de derecho y violar los derechos de las personas refugiadas. Trece expertos de la ONU celebraron la anulación del “controvertido” plan, que “hubiese significado externalizar las obligaciones de Reino Unido, creando graves riesgos para migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, minando además el sistema internacional de protección para éstos”.

La anulación del pacto migratorio entre Ruanda y Reino Unido marca un cambio en la política migratoria del país y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional en materia de migración.

Con información de EFE