La situación en la zona de influencia de la mina Cerrejón, en el departamento de La Guajira, se ha tornado crítica debido a una serie de eventos que involucran amenazas a líderes indígenas y bloqueos que afectan las operaciones mineras.

Luis Emiro Guariyu, autoridad del Resguardo Indígena Provincial, ha sido objeto de intimidaciones, según denunció la empresa Cerrejón. La compañía minera expresó su rechazo a cualquier intento de atentar contra la vida e integridad del líder indígena, quien ha colaborado en diversas cuestiones sociales con la empresa.

“El respeto y la promoción de los derechos humanos de los empleados, contratistas y comunidades vecinas a la compañía son una prioridad”, afirmó Cerrejón en un comunicado, instando a las autoridades a investigar los hechos y garantizar la protección de los líderes regionales.

Paralelamente, la operación de Cerrejón se ha visto severamente afectada por múltiples bloqueos. Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la empresa, detalló la situación: “Tenemos tres bloqueos en las instalaciones de la mina y cuatro en la línea férrea, lo que impide la entrada y salida de trabajadores y el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar”.

Estos bloqueos, liderados por dirigentes de Uribia y Manaure, responden a demandas por soluciones a los problemas de suministro energético en la región. Marulanda aclaró que “la solución depende del gobierno nacional, no de Cerrejón”, señalando la complejidad del conflicto.

Adicionalmente, una comunidad exige ser incluida en las consultas previas y programas sociales de la compañía, a pesar de existir sentencias judiciales que indican lo contrario. Esta situación ha agravado la crisis, obstaculizando no solo la operación minera sino también la entrega de agua a comunidades vecinas mediante el tren de la empresa.

El impacto de estos bloqueos trasciende la esfera económica, afectando directamente a las comunidades locales. Cerrejón ha reiterado su compromiso de trabajar con entidades gubernamentales y líderes comunitarios para generar espacios de diálogo que permitan solucionar los problemas sin recurrir a medidas de hecho.

La empresa minera, que forma parte de la Declaración Conjunta por la Vida de las Empresas Productoras de Carbón del Cesar y La Guajira, ha enfatizado su adhesión a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la situación actual pone a prueba estos compromisos y demanda una respuesta integral que atienda las necesidades de todos los actores involucrados.