La Gobernación de Antioquia ha alertado sobre un preocupante incremento en los sacrificios de ganado realizados de manera irregular en todo el departamento. Aunque no existen datos oficiales sobre la cantidad exacta de estas actividades ilícitas, la disminución en el número de animales que llegan a las plantas de sacrificio oficiales evidencia el problema. Entre 2022 y 2023, el número de bovinos sacrificados en instalaciones reguladas disminuyó de 451,594 a 427,758, lo que representa pérdidas económicas de al menos $3,000 millones.

Rosa Acevedo, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, destacó los peligros asociados al sacrificio ilegal de ganado. “Lamentablemente, el sacrificio ilegal se ha venido disparando y eso pone en riesgo la salud de los antioqueños. El propósito es que la carne que consuman los antioqueños sea producida y llegue a sus mesas en condiciones de salubridad e inocuidad”, afirmó Acevedo. La carne proveniente de sacrificios ilegales no pasa por los controles sanitarios necesarios, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y contaminaciones para los consumidores.

Para abordar esta problemática, la Gobernación de Antioquia implementará una serie de estrategias, incluyendo la realización de foros subregionales. Estos encuentros contarán con la participación de mandatarios municipales, secretarios de gobierno, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y la Procuraduría Provincial Agraria, entre otros. El objetivo de estos foros es visibilizar la situación y generar soluciones conjuntas que contribuyan a la erradicación del sacrificio ilegal y minimicen sus impactos negativos.

Además de los riesgos para la salud pública, el sacrificio ilegal de ganado tiene un significativo impacto económico. Rosa Acevedo explicó que esta práctica reduce considerablemente los ingresos por el impuesto de degüello, afectando las inversiones destinadas al Plan de Modernización de la Ganadería. La disminución de estos fondos impide la reinversión en el sector ganadero, particularmente en la implementación de sistemas silvopastoriles y de ganadería sostenible y regenerativa en el departamento.

El sacrificio ilegal también representa una pérdida de ingresos para los productores legales, quienes ven afectada la competencia leal en el mercado. Este escenario no solo perjudica a los productores individuales, sino que también impacta negativamente en la economía regional y en la capacidad de generar empleo y desarrollo sostenible en las comunidades rurales.