La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un fallo histórico que obliga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a asumir los costos de los tratamientos relacionados con biopolímeros, brindando un respiro financiero a miles de víctimas en el país. Esta decisión ha sido recibida con entusiasmo por parte de los afectados, quienes por años han enfrentado no solo problemas de salud, sino también una considerable carga económica.

La decisión de la Corte es particularmente significativa considerando el alto costo de los tratamientos. Según informes, la extracción de biopolímeros puede alcanzar los 70 millones de pesos, una suma prohibitiva para muchas de las personas afectadas.

Natalia Lara, una de las víctimas, expresó su satisfacción a Blu Radio: “Creo que la ley lo había estipulado, y opino que es un gran logro ahora porque estamos en el siglo XXI. Las mujeres se operan para mejorar su autoestima o por necesidades personales, pero si fuimos engañadas con biopolímeros o incluso prótesis, necesitábamos saberlo antes. Somos miles de personas enfermas”.

Sin embargo, Lara también señaló que las víctimas enfrentan desafíos más allá de lo financiero: “La persecución de la sociedad y de las mujeres en especial sabes que creen que nos merecemos lo que nos pasa y atienden mal con burla y humillan a las víctimas porque nos juzgan todo el tiempo y el proceso en sí es doloroso físicamente y mentalmente”.

Mientras las EPS se preparan para implementar esta nueva directiva, las víctimas esperan que este sea el comienzo de un cambio más amplio en la percepción y el tratamiento de su condición, tanto en el sistema de salud como en la sociedad en general.