La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que podrían involucrar hasta $1 billón de pesos colombianos. El organismo de control ha puesto bajo la lupa el convenio marco interadministrativo No CO1.PCCNTR.5701391 y su contratación derivada, revelando una serie de inconsistencias que ponen en entredicho la transparencia del proceso.

El convenio en cuestión, valorado en $1.017.614.209.118, tiene como objetivo la contratación del “diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del SENA a nivel nacional”. Sin embargo, el procurador delegado, Marcio Melgosa, ha señalado varias anomalías en el proceso.

Una de las principales preocupaciones gira en torno a un contrato derivado con la empresa Internexa S.A. por $65.381.813.000. Según Melgosa, “la entidad suscribió un convenio cuyo proceso no contó con la participación ni pluralidad de oferentes”. Además, se cuestiona la idoneidad de Internexa para prestar los servicios requeridos, ya que “no fue identificada como posible proveedor de los servicios contratados” en el estudio de mercado previo.

La Procuraduría plantea interrogantes cruciales sobre el proceso:

1. “¿Por qué, tras la revocatoria del acto de apertura de la licitación pública LP-DG-0001-2023, no se inició un nuevo proceso de licitación pública, con participación y pluralidad de oferentes?”
2. Se solicita al SENA que “remita el análisis que contenga las razones por las cuales se celebró una contratación directa con INTERNEXA S.A.”
3. “¿Cómo garantizará el SENA la integración e interoperabilidad de los servicios TIC a partir de las diferentes órdenes de compra y convenios o contratos derivados, y no en cabeza de un solo operador como históricamente se venía ejecutando?”

Estas preguntas ponen de manifiesto la preocupación por la falta de transparencia y competencia en el proceso de contratación, así como por la capacidad del SENA para asegurar la eficiente integración de los servicios tecnológicos contratados.