La reciente aprobación de la reforma pensional en el Congreso de Colombia ha desviado temporalmente la atención de los conflictos institucionales que el presidente Gustavo Petro había señalado previamente. Sin embargo, la atención ahora se centra en la reforma a la salud, una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno que no logró avanzar en su tercer debate y quedó estancada antes de llegar a la última plenaria.

Tras este revés, la administración de Petro ha optado por avanzar en la reforma a la salud a través de decretos y decisiones administrativas. Actualmente, el Gobierno tiene una responsabilidad directa sobre los servicios de salud de más de 26 millones de pacientes mediante interventores designados por la Superintendencia de Salud. Este cambio en la estrategia incluye la intervención de varias EPS (Entidades Prestadoras de Salud), de las cuales tres han solicitado su retiro voluntario del sistema: Compensar, Sura y EPS Bolívar.

En una reciente entrevista con El Colombiano, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, abordó los desafíos que enfrenta el sector salud tras cuatro meses en el cargo. Leal destacó que la mayor prioridad y desafío de su gestión es garantizar que las personas afiliadas a las EPS en proceso de retiro no sufran interrupciones en sus servicios de salud.

Leal subrayó que la Superintendencia está realizando un ejercicio riguroso de inspección, vigilancia y control, implementando estrategias innovadoras para mejorar la calidad y garantizar el uso adecuado de los recursos en salud. Sin embargo, el reto más significativo es asegurar que las solicitudes de retiro de las EPS no afecten a los afiliados. “La responsabilidad que más nos asiste es que existan las garantías para que las personas que se encuentran afiliadas a estas EPS no tengan contratiempos, no se les vulnere su derecho y haya una prestación adecuada del servicio,” afirmó Leal.

En cuanto a la reciente expedición de un decreto por parte del Ministerio de Salud, que permite a las EPS bajo medidas especiales recibir traslados de afiliados, Leal aclaró que esto es una ratificación de una norma ya existente. “Lo que buscamos es que a las personas se les garantice su derecho fundamental a la salud, independientemente del régimen de afiliación,” aseguró. Este decreto es una respuesta a un vacío normativo previo y busca asegurar que no se interrumpan los servicios de salud para los afiliados de las EPS en proceso de retiro.

Intervención en Nueva EPS

Un tema de gran preocupación es la situación de la Nueva EPS, donde se han encontrado irregularidades significativas. “En Nueva EPS encontramos una junta directiva que decidió no aprobar los estados financieros debido a la falta de confiabilidad de la información,” reveló Leal. Se han identificado prácticas contables cuestionables, como el “jineteo de cuentas,” que han contribuido a un déficit de cinco billones de pesos. Este caso está actualmente bajo investigación de la Fiscalía General.

Leal también defendió la postura del presidente Petro sobre la crisis del sistema de salud. Según el superintendente, la crisis no es nueva y ha sido exacerbada por una mala administración de los recursos en varias EPS. “El sistema de aseguramiento basado en el riesgo financiero no es viable para muchas entidades y es algo que ya se venía viendo,” explicó.