El Tribunal del Distrito Sur de Florida ha declarado responsable a la multinacional bananera Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares colombianos, conectando esta financiación con homicidios cometidos por estos grupos en Urabá y el Magdalena medio entre 1997 y 2004.

La empresa deberá pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de nueve víctimas nacionales, tras comprobarse su apoyo económico a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lideradas por Carlos Castaño.

En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió, mediante la confesión de altos ejecutivos de Chiquita, que la empresa había financiado a los paramilitares, considerados entonces como un grupo terrorista extranjero. Miles de colombianos presentaron demandas en la justicia norteamericana, alegando que esta financiación facilitó homicidios, desplazamientos, masacres y desapariciones forzadas. El Tribunal del Distrito Sur de Florida tomó nueve casos representativos y sentenció a Chiquita Brands.

El jurado y el juez del tribunal concluyeron que ocho de las nueve víctimas pudieron probar que sus seres queridos fueron asesinados por las AUC en el momento en que Chiquita Brands les estaba financiando. La multinacional tiene un mes para decidir si apela este fallo, que incluye una indemnización a las víctimas, cuyo monto no se publica por razones de seguridad.

“Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes”, afirmó Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, una de las organizaciones que acompaña a las familias demandantes.

Origen del Caso en Estados Unidos

El caso se trasladó a Estados Unidos porque en 2007 la justicia de ese país comprobó que Chiquita Brands había girado más de 1,5 millones de dólares a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Las pruebas demostraron que la financiación se acordó en una reunión en Medellín entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, la filial de Chiquita más rentable en Colombia en esa época.

En 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera, pero Chiquita Brands continuó con los pagos durante tres años más. El Departamento de Justicia concluyó que Chiquita Brands pagaba conscientemente a los paramilitares, contribuyendo a la violencia en Colombia.

Chiquita Brands ha argumentado que los pagos a los paramilitares fueron producto de extorsiones y amenazas. Según la empresa, los pagos se realizaron bajo la presión de evitar daños físicos al personal y la propiedad de Banadex.

Testimonios Clave

Durante el juicio, Ovidio Núñez Cabrales, alias El Indio, un extrabajador de seguridad de Chiquita que se unió a los paramilitares, testificó que la multinacional no solo entregó dinero, sino también armas y gasolina a los paramilitares. Además, aseguró que Charles Keiser, quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000, recibió protección directa de las AUC.

Hermes Hernández, exjefe de seguridad de Chiquita en Urabá y Santa Marta, también testificó sobre las actividades criminales contra la bananera por parte de varios grupos guerrilleros y la extorsión de los empleados de Banadex por parte de los paramilitares. Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, excomandante paramilitar del Bloque Bananero, declaró que los ejecutivos de Chiquita se reunían periódicamente con líderes de las AUC para discutir cuestiones financieras y de seguridad, negando que hubiera extorsión.

Marco Simons indicó que esta decisión será un precedente para las demás demandas que vienen en camino, tanto en este tribunal como en otros de la jurisdicción norteamericana. Las víctimas son miles y este fallo inicial marca el inicio de un largo camino hacia la justicia y la verdad en relación con los crímenes cometidos con la financiación de Chiquita Brands.