Olmedo López “salpica” en escándalo de la UNGRD a más funcionarios del Gobierno Petro
Por: Elizabeth Montoya
7 junio, 2024
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El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, ha desatado un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción “Carrotanques de La Guajira”. En un documento entregado a la Fiscalía, López detalla su disposición a colaborar con la justicia, implicando a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, a cambio de una reducción en su condena.
Olmedo López ha ofrecido a la Fiscalía pruebas contundentes, que incluyen chats, videos, fotos, documentos y otros elementos probatorios. Estas pruebas podrían llevar a la judicialización de siete personas, entre ellas dos altos funcionarios que recientemente formaban parte del círculo cercano del presidente Petro.
Entre los implicados se encuentra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia. González, histórico líder del partido Verde y exguerrillero del M-19, fue reemplazado en su cargo por Laura Sarabia en febrero de este año.
La matriz de colaboración de López también menciona a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien organizaba las giras del presidente Petro. Ortiz fue retirada de su cargo hace un mes, coincidiendo con el surgimiento del escándalo de los carrotanques.
Además, se señala al presidente del Senado, Iván Name, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, al exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, al contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero y a Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor de López durante su gestión en la UNGRD.
Olmedo López busca un acuerdo con la Fiscalía que le permita reducir su pena a cambio de su colaboración. Su abogado ha solicitado que los delitos de peculado y concierto para delinquir sean considerados en el principio de oportunidad. López también admite haber cometido los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, los cuales serían incluidos en un preacuerdo con la Fiscalía.
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