El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, ha presentado los principales hallazgos hasta la fecha sobre las EPS intervenidas: Sanitas, Nueva EPS y S.O.S EPS. Los informes de los agentes interventores revelan preocupantes irregularidades en la gestión de estas entidades.

El interventor asignado a Sanitas identificó gastos por $104.226 millones en operación de centros médicos al cierre de 2023. Según la Superintendencia, estos gastos deberían ser asumidos por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y no por la EPS, especialmente cuando estos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado. Esta práctica, conocida como integración vertical, implica que se estaban cubriendo gastos que no correspondían a la EPS, lo que genera un conflicto de intereses.

El informe también destaca la firma de múltiples contratos sin una finalidad específica o beneficio claro para Sanitas, y la falta de detalles sobre la distribución de la población afiliada, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores y las brechas en la oferta de servicios. La ausencia de estos datos críticos podría afectar la capacidad de Sanitas para responder adecuadamente a las necesidades de sus afiliados y mejorar la calidad y eficacia de la atención en salud.

Otro punto crítico es la firma de un contrato con una cláusula de exclusividad que impide a Sanitas suministrar, dispensar o abastecer medicamentos a sus afiliados sin el permiso de la contratista. Esta situación limita significativamente la capacidad de la EPS para operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos.

En el caso de Nueva EPS, al momento de la toma de posesión, se encontraron 12.645.762 registros de facturas en proceso de auditoría por más de $4,4 billones. Estas obligaciones no estaban incluidas en los estados financieros, que acumulan un valor de $5,7 billones. La aparición de estos registros multiplica la deuda de la EPS, lo que genera una grave preocupación sobre la transparencia y la gestión financiera de la entidad.

El interventor señaló que la EPS realizaba pagos a los prestadores de servicios de salud sin verificar si estos realmente estaban prestando atención, especialmente en áreas de promoción y prevención. Luis Carlos Leal Angarita manifestó que durante años se ocultaron muchas facturas no reportadas al sistema de salud, lo que incrementó significativamente el pasivo real de la EPS, previamente estimado en $500.000 millones.

El informe de la Supersalud sobre S.O.S EPS señala que uno de los problemas más significativos es la concentración del nivel primario en un solo prestador (Comfandi), que además tiene la condición de vinculado. Esta situación dificulta la evaluación de la eficiencia de la EPS.

Para los contratos PGP suscritos con Comfandi, se determinó una baja ejecución del 82,35% durante el período de agosto 2023 a marzo 2024, lo que equivale a $19.629 millones. Además, se observaron bajos desempeños en periodos anteriores sin los recobros correspondientes. La Supersalud también indicó que existen dificultades para recobrar recursos por servicios prestados por otras IPS debido a inconsistencias en los contratos actuales.