La Procuraduría General de la Nación envió un documento a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en el que advierte sobre 45 temas estructurales que se deben revisar en la reforma pensional que está a un debate de ser aprobada en el Congreso.

Entre los principales puntos, el ente de control señaló que se debe analizar la capacidad técnica, administrativa y operativa de Colpensiones para asumir el traslado de cerca de 19 millones de afiliados, como lo plantea el proyecto de ley.

Costos fiscales y capacidad de Colpensiones

Además, la Procuraduría advirtió sobre la necesidad de tener en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que la reforma generaría en el Presupuesto General de la Nación a mediano y largo plazo.

Pese a que el Ministerio de Hacienda entregó un concepto fiscal favorable, la Procuraduría cuestionó la entrada en vigencia planteada para el 1 de julio de 2025, afirmando que Colpensiones actualmente no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma en temas como requerimientos tecnológicos, presupuestos y contrataciones.

Riesgos de vacíos y judicializaciones

Según el Ministerio Público, la falta de reglamentación de al menos 45 temas estructurales del sistema podría generar vacíos jurídicos, técnicos y financieros, vulnerar derechos de los afiliados que soliciten prestaciones económicas y provocar altas judicializaciones.

En ese sentido, la Procuraduría sugirió considerar una implementación gradual de la reforma a partir de 2026 y manifestó que esta debe garantizar un sistema de protección a la vejez sostenible y viable, sin afectar los derechos de afiliados y pensionados.

La reforma pensional continúa su trámite en el Congreso, donde se deberán analizar las advertencias realizadas por el Ministerio Público sobre los posibles riesgos e impactos de su implementación.

Con información de La República