La Superintendente del Subsidio Familiar (e), Katherine Monroy, reafirmó que su entidad es la competente para “realizar labores de inspección, vigilancia y control a las 42 cajas de compensación familiar del país”. Esto, luego de que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, cuestionara la duración de las medidas cautelares impuestas por la Superintendencia en algunas cajas.

Monroy defendió que la ley reviste de facultades a la Superintendencia para imponer medidas cautelares y de salvamento preventivo, buscando garantizar la protección de derechos que, sin una acción inmediata, podrían volverse irremediables. “Las medidas cautelares impuestas han sido diversas y atienden particularidades de cada caja”, aseguró.

La funcionaria destacó los casos de Comfamiliar Huila, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfacor, Comfamiliar Nariño y Comfaguajira, afirmando que una razón común es el riesgo generado por la liquidación de sus programas de salud para los recursos parafiscales, situación sujeta a cronogramas y seguimiento de Supersalud.

“El compromiso de esta Superintendencia es proteger y preservar el patrimonio social de trabajadores y trabajadoras del país y velar por el respeto de sus derechos”, señaló Monroy, respondiendo así al llamado del Defensor del Pueblo para revisar los procedimientos internos ante la prolongación de algunas intervenciones.

Camargo había expresado preocupación por cajas intervenidas que “completan desde seis hasta 11 años en el proceso”, cuestionando que las medidas se prorroguen “de manera indefinida” y sin un “debido proceso sancionatorio previo”.